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Según la Agencia de Garantía de Calidad de la Enseñanza Superior, hay más de 1.000 fábricas de ensayos en funcionamiento en las universidades del Reino Unido. El gobierno anunció que ofrecer servicios de redacción de ensayos a los estudiantes a cambio de una cuota se convertirá en un delito en el marco de los planes para abordar el engaño. Las universidades acogieron con satisfacción esta decisión e introdujeron códigos de conducta con severas sanciones por presentar trabajos que no son propios del estudiante.

Tras la aplicación de la Ley de Organismos Reguladores de la Educación de 2020 (Ley 1023), cualquier institución de enseñanza superior en Ghana, que anuncie o imparta un programa que no está acreditado, se enfrentará a sanciones que incluyen multas de 240,000 GHS (US$41,400). Otra posibilidad es que el vicerrector o el rector de la institución sea encarcelado hasta por 20 años, aunque ambas sanciones pudieran aplicarse.

Entre 1999 y 2006, 242 graduados de la provincia oriental de Shandong, se matricularon en universidades usando la identidad y los puntajes de ingreso a la universidad de otras personas. Según los informes, docenas de personas han sido castigadas, pero en virtud de las leyes vigentes, los estudiantes no pueden ser acusados de un delito. El Congreso Nacional Popular ha recibido una propuesta para tipificar como delito el fraude en los exámenes, y el Ministerio de Educación trabajará con autoridades para investigar y responsabilizar a los estudiantes.

La Oficina de la Fiscalía Financiera ha lanzado una investigación en el Ministerio de Educación en relación a la educación que proporcionaron a los estudiantes refugiados sirios, con financiación de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Unión Europea y Alemania. La lista de niños matriculados para las clases nocturnas en las 346 escuelas estatales, incluían a un número de estudiantes mucho mayor a los que realmente asisten. El monto faltante se calcula multiplicando el número de 15,000 estudiantes fantasmas por $600 que los donantes asignan cada año a cada estudiante registrado. Desde 2014, cada año desaparecen $9 millones.

Las universidades de los E.E.U.U. usan una variedad de enfoques para combatir la trampa, desde programas avanzados de detección de plagio, acciones legales en contra de compañías que ofrecen servicios de escritura de materias, hasta entrevistas con estudiantes sospechosos de hacer trampa por contrato. En Canadá, el Consejo de Integridad Académica de Ontario reúne dos veces al año a funcionarios universitarios para compartir las mejores prácticas. Australia y Nueva Zelanda cuentan con una legislación similar: penas de prisión de hasta dos años y fuertes multas.

La Agencia de Calidad y Normas para la Educación Terciaria de Australia está intensificando su cooperación con organismos reguladores para hacerle frente a la contratación de tramposos a escala industrial. Un estudio reciente, mostró que el 10 por ciento de los estudiantes les pagan a otros para completar sus evaluaciones. El Gobierno Federal ha introducido penas de hasta dos años de prisión y multas de hasta $210,000 para los tramposos contratados.