Gobierno abierto en la educación: aprendizaje de las auditorías sociales en la India
La auditoría social es un poderoso método para aumentar el gobierno abierto: depende de los ciudadanos como agentes principales para llevar a cabo los procesos de control y monitoreo. Se basa en el siguiente principio: la información aumenta el compromiso de los ciudadanos y los ayuda a establecer sus prioridades. A partir de ahí, los ciudadanos pueden actuar como supervisores eficaces de sus derechos.
El estudio analiza dos de los diez sitios donde se ha implementado la auditoria social en la India, examina lo que las iniciativas han logrado, y a qué retos se han enfrentado. Sostiene que, para que se lleve a cabo esta supervisión dirigida por los ciudadanos, se necesitan de herramientas y procesos de participación, así como plataformas para la interacción entre los ciudadanos y el gobierno.
Además, dado que muchas comunidades pueden no estar equipadas para iniciar y mantener estos procesos, al menos por un período inicial, es necesario contar con una agencia u organización facilitadora, antes de que pueda institucionalizarse la auditoría social. Para cerrar el círculo de retroalimentación, también es esencial el seguimiento con el gobierno.
Tender puentes entre las partes interesadas y agentes estatales, y trabajar sobre la base de la colaboración, y no de la confrontación, desempeñan un papel importante para que las auditorías sociales funcionen.
El análisis subraya la importancia respecto de que los ciudadanos tengan acceso directo a la información y a plataformas que les permitan dialogar con el Estado. Demuestra que la rendición de cuentas puede establecerse a través de estos procesos, y que pueden llevar al empoderamiento de grupos sociales marginados, como por ejemplo las mujeres.
Sin embargo, requieren de una inversión de tiempo y recursos para su puesta en marcha y posterior mantenimiento. El compromiso por parte de los organismos gubernamentales de aplicar estrategias que faciliten el acceso a la información y a la participación ciudadana, así como de realizar un seguimiento, son requisitos fundamentales para el éxito de una auditoría social. Al mismo tiempo, las auditorías sociales exitosas se benefician de un enfoque no conflictivo que favorece la consolidación de lazos y el trabajo colaborativo entre actores gubernamentales.
Recomendaciones seleccionadas
- Centrar el proceso de auditoría social primero en la comunidad, y en el desarrollo de las capacidades de sus miembros, prestando atención a la comprensión de la situación general de los hogares y sus actitudes/limitaciones en materia de educación.
- Abordar un problema a la vez y crear capacidad en el gobierno, ya sea antes de aprobar la legislación o adoptar las disposiciones adecuadas a posteriori.
- Organizar sesiones de capacitación con frecuencia, ofrecer formación a una amplia gama de agentes, y ampliar las sesiones de formación para abarcar otros aspectos esenciales.
- Promover la interacción entre los miembros de la comunidad y los funcionarios públicos para: reforzar la confianza de los miembros de la comunidad al dirigirse a los funcionarios; aumentar el número de voces de la comunidad; y aumentar la presión sobre los funcionarios mediante la presencia de la comunidad.
- Aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en las escuelas, compartiendo información crucial con los padres de familia e involucrándolos más en la vida escolar.
¿Desea saber más?
Para compartir estas recomendaciones y discutir los importantes hallazgos del estudio de caso con las partes interesadas pertinentes, incluidos investigadores, tomadores de decisiones funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil, el IIPE organizó un seminario web junto con el Centro de Investigación de Políticas (CPR por sus siglas en inglés) el 20 de octubre del 2021. Descargue el folleto y vea el vídeo de este evento.
Acerca del autor
Kiran Bhatty es una investigadora senior en el Centro de Investigación de Políticas (CPR), en la India. Su investigación se centra en temas de gobernanza en educación primaria, trabaja para construir sistemas de transparencia, rendición de cuentas y monitoreo comunitario. Antes de unirse al CPR, fue coordinadora nacional de la Ley de Derecho a la Educación (RTE- por sus siglas en inglés), en la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos del Niño (NCPCR). También participa en varias iniciativas de la sociedad civil como la Campaña Nacional por el Derecho de las Personas a la Información.
Este es uno de los seis estudios de caso sobre iniciativas de gobierno abierto encomendados por el IIPE y también realizados en Colombia, Madagascar, Perú, Portugal y Ucrania. Éstos forman parte de la investigación global del IIPE sobre “Gobierno Abierto: Aprender de la experiencia”.
