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Un estudio revela que un número significativo de universidades del Reino Unido sigue aceptando millones en efectivo para pagos de matrícula y alojamiento, lo que las hace vulnerables a los riesgos de blanqueo de capitales. Alrededor de veintidós universidades seguían aceptando pagos en efectivo, con un total que alcanzaría los 12 millones de libras en 2019-20. La investigación destaca la preocupación por el hecho de que no se sigan estrictamente las directrices contra el blanqueo de capitales y de que las universidades no informen sobre actividades sospechosas, lo que puede poner en peligro al personal y a los estudiantes. El estudio pide una legislación más estricta para hacer frente a estas vulnerabilidades.

La directora de Zimbabwe Women Against Corruption Trust instó al gobierno a mejorar las condiciones de trabajo y la remuneración de los docentes y a investigar la cuestión de las clases adicionales. Los docentes de las escuelas públicas piden dinero a los alumnos por las clases adicionales, lo que fomenta la discriminación contra otros alumnos. Los que no pueden pagar se ven privados de la igualdad de acceso a una educación de calidad.

Dos profesores de la escuela de secundaria de Kwekwe fueron suspendidos después de supuestamente pedir dinero a los padres de familia para asegurar lugares en el primer curso para sus hijos. El hecho solo salió a la luz pública en el día de la inauguración, cuando autoridades escolares descubrieron que había una clase adicional de 30 estudiantes, lo que llevó al director a lanzar una investigación.

Con el fin de aumentar los estándares y responsabilidad docente en el sistema educativo, el Ministerio de Educación de Malawi está desarrollando una política docente, así como un Código de Conducta para profesores (CoC) con el apoyo de la Iniciativa Docente de Noruega de la UNESCO. La CoC incluirá profesores de escuelas de formación docente, y deberá denunciar los castigos corporales.

El Ministerio de Educación informa que está prohibido cualquier tipo de contribución económica por parte de los padres de familia, para la adecuación de fachadas de aulas u otros gastos por la finalización del año escolar; conforme lo establecen la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y los lineamientos Gubernamentales sobre medidas de previsión, contención, estabilidad emocional y económica de la comunidad educativa. Esta cartera de Estado garantiza el derecho a la gratuidad de la educación, realiza el seguimiento a las irregularidades y aplica correctivos a los infractores.