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La Matriculación Terciaria de Examinaciones Unificada le da a universidades una segunda oportunidad para investigar a estudiantes prospectos que han llegado a través del sistema de exámenes de matriculación nacional. A principios del año, el Ministro de Educación, anunció que el gobierno levantó la prohibición impuesta de post-UTME en junio del 2016. Pero advirtió a instituciones a no cambiar las cuotas de los exámenes y ordenó a la Junta de Admisiones y Matriculas (JAMB) a recopilar una lista de instituciones cobrando mas de NGM2,000 (US$5.50), según reportó un medio local.

El martes 3 de octubre, un joven de 23 años de edad, viviendo cerca de Lyon, fue arrestado en la mañana, por tratar de engañar al sistema de becas de educación superior. Durante el año escolar del 2016-17, el joven había recibido dinero del gobierno basado en las declaraciones que dio. El problema fue que el estudiante falsificó el documento de la matrícula universitaria, y Crous, quien maneja las becas estudiantiles, se dio cuenta.

Con el objetivo de ponerle alto a las prácticas corruptas en las universidades, el Gobierno Federal dice comenzará de inmediato a investigar a universidades operando múltiples cuentas en violación al decreto de Cuenta Unica de Tesorería del gobierno. Añadiendo que se harán esfuerzos concretos para proteger a testigos en el país, como parte de la continua campaña de anticorrupción. El gobierno también dijo que intentará encontrar una alternativa para suministrar fondos para la revitalización de infraestructuras universitarias.

Tras la elección del Presidente, defensores y legisladores expresaron su preocupación sobre que pasará con las actuales regulaciones destinadas a responsabilizar a las universidades con fines de lucro. El martes, sus preocupaciones se hicieron realidad. El Departamento de Educación anunció que retrasaría y renegociaría dos de los principales reglamentos de la administración anterior. La primera tiene como objetivo penalizar los programas en los cuales las cuotas de préstamos de graduados exceden un porcentaje establecido de sus ganancias, mientras el segundo simplifica el proceso para prestatarios que afirman haber sido estafados por sus universidades.