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El gobierno de Bangladesh está preparando una nueva ley para endurecer la normativa de las universidades privadas, con el fin de mejorar la transparencia y la gobernanza. Entre las enmiendas propuestas figuran la exigencia de que un tercio de los miembros del consejo de administración sean académicos, la restricción a los beneficios de los administradores y la autorización a las autoridades para nombrar observadores en las universidades que se vean afectadas por cualquier situación. El proyecto de ley también incorpora células de garantía de calidad para mantener la calidad educativa, haciendo hincapié en la necesidad de una mejor gobernanza en medio de la preocupación por la corrupción y las irregularidades en la enseñanza superior privada.

El Ministro de Enseñanza Superior encargó un informe sobre los asuntos de Unisa, la mayor institución de enseñanza abierta a distancia de África. Ha habido denuncias de mala administración, así como de irregularidades en licitaciones, en las que supuestamente están implicados el vicerrector y el director de la universidad. El informe concluye que Unisa está plagada de problemas de gobernanza desde 2016. Entre ellos, el incumplimiento de los procesos de contratación, el nombramiento irregular de miembros del personal y los enormes aumentos salariales.

El Ministro sudafricano de Educación Superior reveló su preocupación por la corrupción rampante y los problemas de gobernanza en las universidades. Insinuó posibles cambios legales futuros para reforzar la eficacia del sistema, y destacó problemas como la falta de experiencia de los miembros del Consejo de Gobernanza y la normalización de la corrupción en las cadenas de suministro de las universidades. Aunque no se desvelaron las modificaciones legislativas concretas, entre ellas podría figurar la revisión de la autonomía universitaria. El departamento pretende establecer un defensor del pueblo y una rama dedicada a abordar los problemas de gobernanza.

El nuevo libro "Corrupted: A study of chronic dysfunction in South African universities" es un relato de la corrupción crónica arraigada en un marco de economía política combinada con la falta de capacidad de gobernanza y gestión y de integridad académica. Todas estas universidades están situadas en zonas de escasos recursos donde la universidad es la principal fuente de financiación y una oportunidad para la corrupción, desde contratos (como proyectos de construcción) hasta servicios (como el transporte), pasando por el alojamiento de estudiantes y la venta de certificados falsos.

Varios expertos en pedagogía participaron en junio de 2022 en un taller de elaboración de programas educativos sobre la lucha contra la corrupción y la buena gobernanza organizado por la Alta Autoridad para la Buena Gobernanza. El proyecto tiene por objeto inculcar comportamientos de integridad, transparencia y responsabilidad en los alumnos de enseñanza preescolar, secundaria y superior y en las escuelas de formación de funcionarios públicos.