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El centro examinador de la Escuela Moderna Islámica de Preescolar y Primaria de Chalinze ha sido suspendido por el gobierno por irregularidades en los exámenes. Los números de identificación de examen de cinco alumnos fueron alterados sin que los supervisores dieran una explicación clara. El ministro exigió que el propietario de la escuela despidiera a todos los docentes implicados en el escándalo de las trampas, o se arriesgaba a la baja permanente del establecimiento. El Consejo Nacional de Exámenes de Tanzania corrigió los números de identificación de examen de los candidatos y los resultados afectados por esta mala práctica.

La Alta Autoridad para la Buena Gobernanza de Costa de Marfil ha anunciado la finalización del diseño de los manuales y del programa de formación titulado "Educación en la lucha contra la corrupción", destinado a estudiantes y futuros funcionarios. Los documentos se remitirán al gobierno para su aprobación. Este proyecto de lucha contra la corrupción se puso en marcha en el 2019 desde la educación preescolar hasta la superior, pasando por la educación primaria, secundaria, técnica-profesional, así como por las escuelas de formación profesional

La Comisión para la Investigación del Abuso de Autoridad ha presentado una denuncia ante el Tribunal Especial contra 11 personas por malversar una enorme cantidad de dinero del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) para llevar a cabo programas de formación docente. La administración de la escuela y los funcionarios del CETP se confabularon para malversar fondos estatales presentando facturas falsas, incluso por instancias de capacitación nunca realizadas.

El Departamento de Justicia informa que dos funcionarios de educación han sido condenados a prisión tras declararse culpables de realizar inscripciones de manera fraudulenta en escuelas virtuales y luego reclamar para sí el dinero de los fondos públicos. Los distritos recibían pagos del Fondo Fiduciario para la Educación de Alabama como si los estudiantes asistieran a escuelas públicas, mientras que los acusados se apropiaban del dinero estatal en forma indebida mediante pagos directos en efectivo y pagos a terceros contratistas, cuyos dueños resultaron ser cómplices.

Un informe del Tribunal Superior de Calcuta muestra cómo la Comisión Central de Servicios Escolares de Bengala Occidental (WBSSC) presuntamente hizo un uso indebido de la Ley de Derecho a la Información (RTI) para facilitar contrataciones ilegales. El presidente de la WBSSC había dado instrucciones a los presidentes de las cinco comisiones regionales para que escanearan y almacenaran sus firmas en el servidor de aplicaciones de la WBSSC. Posteriormente, se utilizaron como firmas digitales ilegales para más de 500 cartas de recomendación falsas, supuestamente entregadas en mano a los candidatos que no lo merecían.