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De Portugal a Perú, el gobierno abierto empodera a los estudiantes

¿Nuevas computadoras, material recreativo, un huerto escolar o equipamiento para reciclar? En Portugal, los estudiantes tienen la palabra. Desde hace seis años, el Ministerio de Educación acoge una iniciativa de presupuesto abierto -Orçamento Participativo das Escolas, u OPEscolas- que llega a unos 200 000 jóvenes del 90% de las escuelas públicas del país.

Hoy, en el Día Internacional contra la Corrupción de 2022, un nuevo estudio de caso profundiza en su diseño, impacto y futuro como parte del proyecto de investigación internacional del IIPE sobre gobierno abierto en la educación: aprender de la experiencia, en colaboración con el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra).

La elaboración de presupuestos abiertos está en consonancia con los principios fundamentales del gobierno abierto -transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana-, que son esenciales para alcanzar el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas. 

A través de varios centenares de entrevistas con la comunidad escolar -directores, padres de familia y estudiantes-, los investigadores constataron que esta política que permite a los alumnos votar sobre las propuestas presupuestarias ha aumentado el sentimiento de pertenencia y la responsabilidad general hacia la comunidad escolar. Los entrevistados manifestaron una mayor confianza en el uso adecuado de los recursos escolares que respondían a las necesidades reales de educación y aprendizaje, así como en su propia capacidad para introducir mejoras en el sistema educativo. En este sentido, los alumnos pudieron aprender sobre ciudadanía y democracia y adquirir experiencia de primera mano sobre los méritos de la participación. 

"Los presupuestos participativos permiten a los estudiantes implicarse en la realidad de su escuela", respondió el director de un grupo de colegios del centro de la ciudad, y añadió que ayuda a "fomentar el espíritu de iniciativa, la toma de decisiones y el trabajo en equipo, y a mejorar la situación de la escuela, a partir de las propuestas de los alumnos”.

El presupuesto abierto para las escuelas es el mayor y más emblemático ejemplo de iniciativas de gobierno abierto en educación en Portugal. El estudio de caso también descubrió que los niveles de participación difieren por todo el país, con niveles más bajos en la Región Metropolitana de Lisboa y más altos en el norte y el centro del país. En ocasiones, algunas de las propuestas ganadoras no se llevaron a cabo, lo que restó valor a la iniciativa. 

Si bien el estudio destaca los éxitos y méritos de esta iniciativa, también formula algunas recomendaciones para guiarla en el futuro.  

6 recomendaciones para el futuro del presupuesto abierto 

  1. Comprender que el nivel de participación depende de qué tan involucrados se encuentren los estudiantes, en lugar del número escuelas que se sumen a la iniciativa de presupuesto abierto. 
  2. La iniciativa debe seguir teniendo como público principal al grupo de edad de 12 a 17 años.
  3. Los estudiantes deben tener autonomía para organizar debates sobre distintas ideas y los centros de enseñanza deben reservar un tiempo preferencial para permitir un amplio debate.
  4. Las propuestas presupuestarias deben producirse en contextos de aprendizaje y enseñanza para fomentar mayores índices de participación en los debates y votaciones. 
  5. Las autoridades municipales y las escuelas deben reforzar sus trabajo conjunto para aumentar las asignaciones presupuestarias y apoyar la ejecución de los proyectos ganadores.
  6. Debería existir un sistema de seguimiento estructurado a nivel nacional para comprender mejor cómo ha evolucionado la iniciativa en los últimos seis años e introducir mejoras en el futuro. 

Jóvenes auditores en Perú 

Un segundo estudio de caso nos lleva a Perú para conocer un programa de jóvenes auditores, en el que estudiantes de escuelas públicas supervisan los servicios educativos para fomentar la participación y prevenir la corrupción. Dirigida por la Contraloría General de la República, este programa es otro buen ejemplo de iniciativa de gobierno abierto en el sector educativo.  Lanzado por primera vez en 2010, desde entonces han participado más de 960 000 estudiantes de todo el país, lo que ha dado lugar a más de 559 000 informes de supervisión escolar. Los participantes suelen estar en secundaria, rondando edades de entre 14 y 16 años. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, las auditorías se han ampliado geográficamente gracias a que se realizan de forma virtual. 

En el nuevo informe, que se centra en Lima e Ica, un estudiante informó: "Creo que el programa es bueno porque permite a los jóvenes participar como ciudadanos y dar su opinión y punto de vista, y también cómo controlar y estar atentos a los problemas que ocurren en la sociedad".

De hecho, este es uno de los principales objetivos del auditor juvenil: reforzar el papel de futuros ciudadanos en su comunidad, inculcando valores éticos y cívicos a los estudiantes al hacerlos supervisar la prestación de servicios educativos.  

Desde 2020, con el cambio a las auditorías virtuales, los padres de familia y los profesores también se han asociado más en el proyecto. Según un profesor de Lima, "Todos los profesores de la zona se involucraron para trabajar en las auditorías virtuales. Nuestro trabajo fue más sistematizado, y los alumnos se involucraron más y fueron más conscientes de su papel como ciudadanos vigilantes del sector educativo”. 

En general, el programa consta de seis pasos: sensibilización, planificación, ejecución, comunicación y seguimiento de los resultados. En cuanto al futuro del programa, los investigadores presentaron seis recomendaciones, entre ellas pasar a una modalidad híbrida y convertirlo en una política oficial de gobierno abierto. 

6 recomendaciones para el futuro de las auditorías de juventud 

  1. Organizar talleres virtuales para conocer mejor las impresiones de los estudiantes sobre el programa de jóvenes auditores. 
  2. Combinar la supervisión presencial y virtual de los servicios educativos. 
  3. Generar un mayor conocimiento entre profesores, estudiantes y padres de familia sobre las funciones y responsabilidades de los agentes implicados en el programa.
  4. Facilitar una mayor difusión y accesibilidad de las conclusiones y resultados de las auditorías entre alumnos y padres de familia. 
  5. Asegurar que la Contraloría dé seguimiento a las instituciones educativas que tienen observaciones pendientes de los informes de supervisión.
  6. Fomentar la participación de la sociedad civil y de los padres de familia, y reforzar el programa como política de gobierno abierto en materia de educación.