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Durante una audiencia en el Senado sobre los cambios en la carta magna de Filipinas, los expertos en educación expresaron su preocupación por los posibles riesgos relacionados con la apertura de la enseñanza superior a la propiedad extranjera. Un asesor educativo destacó la reputación del país en cuanto a fábricas de diplomas, advirtiendo que podría atraer a universidades extranjeras de baja calidad en lugar de a instituciones prestigiosas. A pesar de los debates sobre la Resolución de ambas Cámaras (RBH 6), que propone la apertura de la enseñanza superior a la propiedad extranjera, persiste la preocupación por la regulación de las instituciones por debajo de los estándares de calidad y la posible comercialización de la educación.

El gobierno de Bangladesh está preparando una nueva ley para endurecer la normativa de las universidades privadas, con el fin de mejorar la transparencia y la gobernanza. Entre las enmiendas propuestas figuran la exigencia de que un tercio de los miembros del consejo de administración sean académicos, la restricción a los beneficios de los administradores y la autorización a las autoridades para nombrar observadores en las universidades que se vean afectadas por cualquier situación. El proyecto de ley también incorpora células de garantía de calidad para mantener la calidad educativa, haciendo hincapié en la necesidad de una mejor gobernanza en medio de la preocupación por la corrupción y las irregularidades en la enseñanza superior privada.

El gobierno de Bangladesh está creando más universidades privadas, a pesar de que el número de estudiantes y profesores en estos centros de enseñanza superior ha descendido en los últimos cuatro años. Según la Comisión de Subvenciones Universitarias, las universidades privadas no ofrecen una educación de calidad y, en algunos casos, se crearon sin una planificación adecuada, ya que la aprobación se obtuvo supuestamente utilizando conexiones políticas. Según la Ley de Universidades Privadas, una universidad debe poseer un campus permanente en los siete años siguientes a su puesta en marcha. Setenta y siete universidades tienen más de siete años, pero sólo 26 tienen campus permanentes.

Las titulaciones falsas perjudican a la economía sudafricana de varias maneras: disminuyen la productividad, aumentan los gastos, dañan la reputación, minan la confianza en el sistema educativo y reducen los ingresos fiscales. Los gobiernos y las empresas deben afrontar este problema, sobre todo al hacer cumplir las restricciones existentes, al mejorar la calidad educativa y la formación, al crear un sistema centralizado de verificación de las titulaciones y aplicando sanciones a quienes ofrezcan certificados falsos.

La directora de Zimbabwe Women Against Corruption Trust instó al gobierno a mejorar las condiciones de trabajo y la remuneración de los docentes y a investigar la cuestión de las clases adicionales. Los docentes de las escuelas públicas piden dinero a los alumnos por las clases adicionales, lo que fomenta la discriminación contra otros alumnos. Los que no pueden pagar se ven privados de la igualdad de acceso a una educación de calidad.

El Consejo Interuniversitario de África Oriental y los Estados miembros de la Comunidad de África Oriental deben abordar el problema de la enseñanza deficiente en las universidades privadas que funcionan sin los requisitos mínimos. Los miembros de la Asamblea Legislativa de África Oriental están preocupados por esas "universidades charlatanas" en las que se engaña a los estudiantes para que se matriculen, pero luego no consiguen graduarse tras el cierre de las universidades. Es el caso de la Universidad de Kampala, que abrió una sucursal en Juba pero cerró sin informar a los estudiantes, dejándolos varados.