Página de búsqueda

El PNUD y Nazaha de Arabia Saudí lanzaron una iniciativa mundial para medir la corrupción durante la 10.ª sesión de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Desde el 2023 hasta el 2027, su objetivo será el de desarrollar indicadores basados en pruebas con un enfoque de múltiples partes interesadas, con el apoyo de Arabia Saudí. La asociación pretende hacer un seguimiento de los avances, ofrecer recomendaciones sobre políticas y ayudar a los países a alcanzar los objetivos de lucha contra la corrupción vinculados al ODS 16. Aborda las lagunas de datos identificadas en el Informe Mundial sobre el Avance del ODS 16.

El Ministerio de Educación Nacional y la Unidad de Lucha contra la Corrupción han puesto en marcha los "clubes de integración" en el colegio canadiense-haitiano, con la participación también del Liceo Nacional de Pétion-Ville. Cada club, compuesto por ocho miembros, tiene como objetivo comprometer a los alumnos en la lucha contra la corrupción a través del autoaprendizaje y la educación cívica desde una edad temprana. Los directores y representantes de las escuelas han aplaudido esta iniciativa, subrayando la importancia de formar a los jóvenes para que se conviertan en ciudadanos íntegros para construir un nuevo Haití.

En el libro Corruption in Higher Education: Global Challenges and Responses, treinta y cuatro expertos arrojan luz sobre diversos problemas de corrupción en la enseñanza superior: trampas en los contratos y subcontratación de tareas; procesos de contratación ambivalentes; universidades falsas que adoptan diversas formas, desde planes con ánimo de lucro hasta estudiantes que compran títulos sin cumplir sus obligaciones; la investigación de la corrupción implica a académicos, administradores y organismos, unidos contra la corrupción académica. Algunos de los próximos pasos son: desarrollar una teoría de la integridad, analizar el impacto de la educación secundaria, impulsar la tecnología, evitar la estigmatización de los grupos sociales y fomentar la cooperación mundial.

La Ley de Admisión Justa a la Universidad para Estudiantes pretende acabar con las admisiones por legado en las universidades, eliminando el trato preferente a los solicitantes vinculados con la universidad. Esta medida se considera como una iniciativa para crear prácticas de admisión a la universidad más justas, abordando el beneficio de la tradición para las personas blancas acomodadas y la dependencia de tales prácticas por parte del sistema escolar de élite. La presentación del proyecto de ley se produce tras la reciente decisión de la Corte Suprema de poner fin a la discriminación positiva, que tenía en cuenta la raza entre los factores de admisión de estudiantes.

La publicación “Títulos falsos y credenciales fraudulentas en la educación superior" reúne contribuciones de autores de distintos campos y partes del mundo, presenta una visión general de diversos aspectos del fraude académico y hace hincapié en la pérdida de confianza dentro del mundo académico y entre los académicos, algo que acompaña sistemáticamente a estos casos. En el primer capítulo del libro, dedicado a las trampas en los contratos y las fábricas de textos, nos enteramos de que la industria mundial de los títulos falsos ha crecido de 1 000 millones de dólares en 2015 a 22 000 millones en 2022. Los expertos calculan que 4 700 millones de personas obtienen o han obtenido títulos falsos.

Según la Cancillería del Estado, el 20 % de las solicitudes de ingreso a los institutos de enseñanza superior de California son fraudulentas. Un oncólogo radioterapeuta de la UC Davis es uno de los miles de personas que fueron víctimas de robo de identidad para crear solicitudes fraudulentas de postulantes con la intención de robar ayuda federal, una práctica que ha provocado una afluencia sin precedentes de estudiantes fantasma. El City College de San Francisco denunció unos59 estudiantes fraudulentos y ha identificado 29 estudiantes fantasma que han recibido 22 418 dólares hasta la fecha.

Veinte estudiantes de la Universidad de Massey, supuestamente sorprendidos utilizando ChatGPT para hacer trampas, han solicitado una amnistía a cambio de sus confesiones. El equipo docente ofreció un plazo de amnistía y los que volvieran a presentar su trabajo recibirían una nota máxima del 50 %. Para quienes no lo hicieran, y en caso de confirmarse una infracción, obtendrán un cero en la evaluación o un aplazo para todo el curso.