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La corrupción y la impunidad en el sistema universitario nigeriano tuvieron una repercusión negativa en la gobernanza de las instituciones terciarias federales y en la calidad de la educación que reciben los estudiantes. En un informe reciente, el Proyecto de Rendición de Cuentas y Derechos Socioeconómicos (SERAP) afirmaba que variadas acusaciones de corrupción en las universidades federales -que van desde la concesión injusta de títulos, la inflación de los contratos y los recortes salariales del personal, hasta la contratación de personal no cualificado y el acoso sexual- están ya muy extendidas, y el estado de la mayoría de las estructuras que albergan las distintas facultades y departamentos de estas instituciones es deficiente.

El nuevo libro "Corrupted: A study of chronic dysfunction in South African universities" es un relato de la corrupción crónica arraigada en un marco de economía política combinada con la falta de capacidad de gobernanza y gestión y de integridad académica. Todas estas universidades están situadas en zonas de escasos recursos donde la universidad es la principal fuente de financiación y una oportunidad para la corrupción, desde contratos (como proyectos de construcción) hasta servicios (como el transporte), pasando por el alojamiento de estudiantes y la venta de certificados falsos.

Varios expertos en pedagogía participaron en junio de 2022 en un taller de elaboración de programas educativos sobre la lucha contra la corrupción y la buena gobernanza organizado por la Alta Autoridad para la Buena Gobernanza. El proyecto tiene por objeto inculcar comportamientos de integridad, transparencia y responsabilidad en los alumnos de enseñanza preescolar, secundaria y superior y en las escuelas de formación de funcionarios públicos.

Un informe de Human Rights Watch, reveló que durante el cierre de escuelas por el Covid-19, los gobiernos de 49 de los países más poblados del mundo violaron los derechos de los niños al aprobar y permitir la adopción generalizada de productos EdTech. Los niños fueron obligados a pagar por su aprendizaje a costa de sus derechos a la privacidad y al acceso a la información. De los 164 productos EdTech examinados, 146 (89%) controlaban los datos personales de los niños en secreto y sin el consentimiento de los niños o de sus padres, tanto dentro como fuera de sus aulas virtuales y en Internet.