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Se ha pedido a once directores de universidades que presenten un informe detallado sobre la capacidad financiera y académica del departamento o facultad dentro de sus instituciones que forma a estudiantes de doctorado. Se espera que proporcionen detalles sobre cómo se utilizó el dinero desembolsado por el Estado a los paneles de defensa de doctorados en el período 2020-21 y 2022-23. De acuerdo con las directrices del Ministerio, los postulantes a doctorado serán aprobados sólo si tienen suficientes medios financieros y académicos para llevar a cabo proyectos de investigación.

Un informe de auditoría revela que el Fondo Estatal de Préstamos Educativos ha estado plagado de transgresiones y corrupción desde 1997, cuando empezó a conceder préstamos a estudiantes que cursaban estudios superiores en el extranjero. La principal conclusión de la investigación es que el 90 % de los préstamos se concedieron a altos funcionarios, a sus hijos y a quienes tenían acceso a información confidencial. No hubo transparencia ni competencia leal en la asignación de los préstamos.

Una investigación determinó que casi 170 residentes presuntamente cometieron fraude en las subvenciones del Plan de Desarrollo de la Educación Continua, lo que supuso más de 1 millón de MOP. Entre 2016 y 2019, dos miembros del personal suscitaron el interés de los residentes para que solicitaran cursos subvencionados ante la Oficina de Educación y Asuntos de la Juventud para el Plan de Desarrollo de la Educación Continua. El centro informó sobre registros de asistencia falsos y se confabuló con instructores y alumnos para falsificar registros de asistencia, mientras que los alumnos recibían reembolsos en efectivo por valor de la mitad de las subvenciones abonadas o realizaban otros cursos impartidos por el centro en forma gratuita.

La organización sudafricana Undoing Tax Abuse (OUTA por sus siglas en inglés) ha descubierto una "corrupción multimillonaria en licitaciones" en el Programa Nacional de Ayuda Financiera para Estudiantes (NSFAS por sus siglas en inglés) y ha entregado toda la información a la Unidad de Investigación Especial. La OUTA dijo que sus revelaciones son producto de una investigación sobre corrupción y contratos irregulares en los Servicios de la Autoridad del Sector de Educación y Formación (SSETA por sus siglas en inglés) después de que prosperara una solicitud de Promoción de Acceso a la Información relativa a una licitación de 170 millones de ZAR (9,6 millones de dólares) para un sistema biométrico de control de asistencia.