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Para combatir la falsificación de certificados en la enseñanza superior, Libia se unió al Sistema Árabe Unificado de Autenticación de Certificados basado en Blockchain. Esta iniciativa, encabezada por la Organización de la Liga Árabe para la Educación, la Cultura y la Ciencia (ALECSO), ofrece un método fiable para verificar los títulos académicos. Los expertos abogan por sistemas similares en toda África para reforzar las prácticas de contratación y garantizar la credibilidad de las credenciales. Sugieren aprovechar la tecnología blockchain y colaborar con organizaciones internacionales para una implementación generalizada.

Durante una audiencia en el Senado sobre los cambios en la carta magna de Filipinas, los expertos en educación expresaron su preocupación por los posibles riesgos relacionados con la apertura de la enseñanza superior a la propiedad extranjera. Un asesor educativo destacó la reputación del país en cuanto a fábricas de diplomas, advirtiendo que podría atraer a universidades extranjeras de baja calidad en lugar de a instituciones prestigiosas. A pesar de los debates sobre la Resolución de ambas Cámaras (RBH 6), que propone la apertura de la enseñanza superior a la propiedad extranjera, persiste la preocupación por la regulación de las instituciones por debajo de los estándares de calidad y la posible comercialización de la educación.

En Nigeria, un comité dirigido por el Ministro de Educación, está investigando las actividades ilícitas y las fábricas de diplomas. Instituciones afiliadas de varios países están bajo escrutinio. El comité pretende abordar las infracciones en el proceso de acreditación de universidades tanto locales como extranjeras, tras las revelaciones de prácticas fraudulentas. Los expertos sugieren mejorar los procesos de acreditación y la concienciación pública para combatir el problema.

El Gobierno australiano ha introducido medidas estrictas para combatir el fraude y la explotación en el sistema de visas de estudios. Entre ellas figuran prohibir las comisiones de los agentes por el traslado de estudiantes entre instituciones, evitar que los agentes educativos posean participaciones en proveedores de educación australianos y crear una unidad de integridad dentro de la autoridad reguladora de la educación y formación profesional (EFP) para supervisar y hacer cumplir la normativa entre los proveedores de EFP, haciendo hincapié en la importancia de la asistencia de los estudiantes como indicador de riesgo.

El gobierno de Bangladesh está preparando una nueva ley para endurecer la normativa de las universidades privadas, con el fin de mejorar la transparencia y la gobernanza. Entre las enmiendas propuestas figuran la exigencia de que un tercio de los miembros del consejo de administración sean académicos, la restricción a los beneficios de los administradores y la autorización a las autoridades para nombrar observadores en las universidades que se vean afectadas por cualquier situación. El proyecto de ley también incorpora células de garantía de calidad para mantener la calidad educativa, haciendo hincapié en la necesidad de una mejor gobernanza en medio de la preocupación por la corrupción y las irregularidades en la enseñanza superior privada.

La Ley de Admisión Justa a la Universidad para Estudiantes pretende acabar con las admisiones por legado en las universidades, eliminando el trato preferente a los solicitantes vinculados con la universidad. Esta medida se considera como una iniciativa para crear prácticas de admisión a la universidad más justas, abordando el beneficio de la tradición para las personas blancas acomodadas y la dependencia de tales prácticas por parte del sistema escolar de élite. La presentación del proyecto de ley se produce tras la reciente decisión de la Corte Suprema de poner fin a la discriminación positiva, que tenía en cuenta la raza entre los factores de admisión de estudiantes.

Se ha pedido a once directores de universidades que presenten un informe detallado sobre la capacidad financiera y académica del departamento o facultad dentro de sus instituciones que forma a estudiantes de doctorado. Se espera que proporcionen detalles sobre cómo se utilizó el dinero desembolsado por el Estado a los paneles de defensa de doctorados en el período 2020-21 y 2022-23. De acuerdo con las directrices del Ministerio, los postulantes a doctorado serán aprobados sólo si tienen suficientes medios financieros y académicos para llevar a cabo proyectos de investigación.

El Ministerio de Educación y Cultura indonesio ha revocado 31 licencias de enseñanza superior privada tras constatar que las instituciones no cumplían con las normas exigidas en cuanto a instalaciones y número de estudiantes, que la enseñanza era deficiente y que había habido denuncias de materias ficticias y emisión fraudulenta de diplomas. El Ministerio ayudará a los estudiantes de los centros afectados a trasladarse a centros acreditados. Los profesores de los que se demuestre que no han participado en los planes fraudulentos recibirán la misma ayuda; de lo contrario, se los incluirá en una lista negra.