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La reciente sesión plenaria de la ETINED en París reunió a representantes de treinta y cinco países europeos para debatir la importancia de la integridad en la enseñanza superior. Destacaron la necesidad de principios éticos, transparencia e integridad en la educación, junto con medidas para combatir el fraude educativo. La plataforma compartió buenas prácticas, incluida una recomendación sobre la lucha contra el fraude educativo y una próxima publicación sobre respuestas jurídicas y estudios de casos relacionados con el fraude educativo. Los debates versaron sobre el impacto de la IA en educación, los enfoques centrados en el estudiante y los planes para crear un observatorio de lucha contra el fraude educativo.

La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción (PCCB) y la Autoridad de Control y Aplicación de Drogas (DCEA) se unieron recientemente para combatir la corrupción y el consumo de drogas en las instituciones educativas. Firmaron en Dodoma un pacto titulado "Eliminar la corrupción y las drogas ilícitas en las escuelas e instituciones de aprendizaje superior". El memorando se centra en el intercambio de información para prevenir estos vicios y tiene por objeto desalentar la participación de los jóvenes en la corrupción y el uso indebido de drogas. La PCCB ha creado 7.000 clubes anticorrupción en escuelas e instituciones de enseñanza superior del país.

El Gobierno australiano ha introducido medidas estrictas para combatir el fraude y la explotación en el sistema de visas de estudios. Entre ellas figuran prohibir las comisiones de los agentes por el traslado de estudiantes entre instituciones, evitar que los agentes educativos posean participaciones en proveedores de educación australianos y crear una unidad de integridad dentro de la autoridad reguladora de la educación y formación profesional (EFP) para supervisar y hacer cumplir la normativa entre los proveedores de EFP, haciendo hincapié en la importancia de la asistencia de los estudiantes como indicador de riesgo.

El gobierno de Bangladesh está preparando una nueva ley para endurecer la normativa de las universidades privadas, con el fin de mejorar la transparencia y la gobernanza. Entre las enmiendas propuestas figuran la exigencia de que un tercio de los miembros del consejo de administración sean académicos, la restricción a los beneficios de los administradores y la autorización a las autoridades para nombrar observadores en las universidades que se vean afectadas por cualquier situación. El proyecto de ley también incorpora células de garantía de calidad para mantener la calidad educativa, haciendo hincapié en la necesidad de una mejor gobernanza en medio de la preocupación por la corrupción y las irregularidades en la enseñanza superior privada.

La Fiscalía General libia ha ordenado la detención de funcionarios de la oficina de becas del Ministerio de Educación Superior en Türkiye, acusados de malversar becas para estudiantes libios por valor de unos 14 millones de euros (15 millones de dólares). La investigación reveló irregularidades que afectaban a 757 alumnos que estudiaban en Türkiye, debido a infracciones tales como retrasos en los estudios, superación de los plazos de titulación y concesión de becas a hijos de funcionarios que ya recibían prestaciones educativas. El Primer Ministro suspendió las becas en el extranjero y retiró al Ministro la autoridad sobre la aprobación de becas.

La Ley de Admisión Justa a la Universidad para Estudiantes pretende acabar con las admisiones por legado en las universidades, eliminando el trato preferente a los solicitantes vinculados con la universidad. Esta medida se considera como una iniciativa para crear prácticas de admisión a la universidad más justas, abordando el beneficio de la tradición para las personas blancas acomodadas y la dependencia de tales prácticas por parte del sistema escolar de élite. La presentación del proyecto de ley se produce tras la reciente decisión de la Corte Suprema de poner fin a la discriminación positiva, que tenía en cuenta la raza entre los factores de admisión de estudiantes.

El Ministro de Enseñanza Superior encargó un informe sobre los asuntos de Unisa, la mayor institución de enseñanza abierta a distancia de África. Ha habido denuncias de mala administración, así como de irregularidades en licitaciones, en las que supuestamente están implicados el vicerrector y el director de la universidad. El informe concluye que Unisa está plagada de problemas de gobernanza desde 2016. Entre ellos, el incumplimiento de los procesos de contratación, el nombramiento irregular de miembros del personal y los enormes aumentos salariales.