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Como resultado del brote del COVID-19, no se pudo proceder con el proyecto para construir una escuela de formación técnica y vocacional de vanguardia, de 866 millones de ZAR (60 millones de dólares) en una de las ciudades más pobres de Africa del Sur. El proyecto fue detenido por el Ministro de Educación Superior, pero el dinero no se ha regresado al Tesoro Nacional ni contabilizado de acuerdo a la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas.

Universidades y colegios de negocios están batallando con los estudios de ética que enseñan a profesionales y futuros profesionales. Esto tras descubrimientos abrumadores de capturas del estado involucrando a contadores, auditores y consultores de importantes compañías internacionales. El decano de la Facultad de Comercio, Derecho y Administración de la Universidad de Witwatersrand, dijo que toda crisis ofrece una oportunidad. “Ha habido mucho debate entre el equipo de altos ejecutivos… estamos trabajando con dos economistas (internacionales), para desarrollar contexto en el plan de economía, contribuyendo con temas de poder… para que los estudiantes piensen en sistemas económicos con una perspectiva histórica”.

Gracias a la introducción de un nuevo sistema de censo biométrico, las autoridades educativas descubrieron la presencia de 47,000 estudiantes ficticios en las universidades públicas y privadas de la capital de Conakry. Debido a esta información, el gobierno podrá equipar mejor sus universidades y su personal docente, asegurándose de que los fondos se dirigen donde más se necesitan. El Ministro de Educación Superior ha indicado que este proceso también puede preparar el camino para la introducción de un sistema automatizado de acceso a la universidad.