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El martes, funcionarios gubernamentales de alto rango, asistieron a una ostentosa ceremonia celebrada por el presidente, donde ordenó que a 954 maestros que se les había identificado dando clases en 1081 escuelas de todo el país, se les otorgaran una posición permanente en el Ministerio a partir de ese día. A principios de octubre, se encontró que, de 6,448 posiciones, 1,626 eran “empleados fantasmas” de SCSC (Comisión de Servicio Civil de Somalia). De ellos, 954 se incluían en las nóminas del Ministerio de Educación; un número que no existía físicamente, pero sus salarios se retiraban fraudulentamente. Ni el gobierno, ni la SCSC acusaron oficialmente a nadie por el importante robo de fondos públicos.

Seis altos funcionarios de gobierno en el Ministerio de Educación han sido relevados de sus funciones debido a corrupciones masivas, abuso de poder, contratos ficticios, y estafa de fondos públicos, desde hace más de 20 años. El presidente, también ha ordenado que el Comité de Contratos de dicho Ministerio sea “disuelto” de inmediato por “mal manejo en el proceso de adquisición de muebles seleccionados para escuelas de primaria en Uganda, bajo el Ministerio de Educación y Deportes”.

La formación profesional 3aaa, financiada por el gobierno fue sometida bajo administración inmediata, dejando 4,500 aprendizajes en riesgo, después que el Departamento de Educación habría retirado su financiación de la compañía siguiendo una investigación policial por fraude. El año pasado, el Departamento para la Educación y la Agencia de Financiación de Educación y Capacidades asignaron más de £31m a 3aaa para aprendizajes y proyectos de aprendizaje para adultos.

Un abogado y activista de derechos humanos ha pedido un apropiado monitoreo y utilización del Fondo de Educación Básica Universal (UBE). Dicho fondo es un subsidio anual del gobierno federal con el objetivo de asistir a los estados y que puedan mejorar sus instalaciones de educación primaria y así proveer una buena educación para los niños de toda la nación. En su declaración, el activista advirtió, que el fondo pudiese ser desviado por políticos buscando dinero desesperadamente para comprar votos durante la próxima elección general del país. Dijo que el Banco Mundial le otorgó a Nigeria $611 millones (N219 billones) para el proyecto de la UBE.

Son muchas las historias de corrupción en Nigeria. Un ejemplo es el caso del empleado de la junta de exámenes del estado quien fue llamado a declarar por la desaparición de $100,000 en cuotas de exámenes. Un analista del país dice: “Hay una percepción entre funcionarios en Nigeria que el gobierno nacional existe para repartirse el botín de la riqueza del petróleo.” Esa cultura política se filtra hacia los niveles más bajos, a tal punto que hasta policías, maestros escolares o recepcionistas de hospitales públicos pueden llegar a considerar que están en su derecho de demandar sobornos. “Las personas le ponen precio a su posición en la sociedad, que incluso aquellas con menos autoridad, lo utilizarán para extraer un poco de dinero.”

El Sindicato de Personal Académico Universitario de Kenia (UASU) ha amenazado con ir a la corte si el Ministerio de Educación no toma acción inmediata ante las instituciones de educación superior del país, que han sido reportadas por ilegalmente hacer descuentos de los salarios de sus empleados sin remitir las deducciones a las instituciones pertinentes. El mes pasado, el Ministerio de Educación dio a conocer un informe de auditoría mostrando que algunas universidades públicas del país estaban descontando billones de chelines de los salarios de sus empleados y no reportaban el dinero regularmente a las instituciones correspondientes. El total de los descuentos salariales ilegales es aproximadamente de US$100 millones.

En medio de un período de crecimiento para los sectores de educación superior y de formación permanente, con algunas instituciones invirtiendo millones de libras en nuevos proyectos de construcción y desarrollo; funcionarios quieren resaltar como las organizaciones pueden aparecer vulnerables ante los riesgos de lavado de dinero, fraude y crímenes cibernéticos. Las instituciones también tienen el deber de asegurar que los empleados en la cadena de suministro no sean explotados como víctimas de tráfico de personas.

Funcionarios de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas (NAB) han comenzado a recolectar pruebas sobre la presunta corrupción y malversación financiera de al menos Rs 4 billones del Programa de Reforma de Educación del Primer Ministro. El PM anterior había otorgado al menos Rs 4 billones para mejorar las condiciones de 423 instituciones federales de educación pública, bajo la jurisdicción de la División de Desarrollo y Administración Capital (CADD) a través del Programa de Reforma de Educación del PM. Ha habido corrupción y malversación en fondos asignados para trabajos de pintura, compra de muebles, y proyectos de construcción y remodelación.