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El reciente aumento de los casos de malas prácticas en los exámenes en Uganda, entre ellos veinticinco incidentes denunciados en relación con el Certificado de Educación de Uganda (UCE) y el Examen de Fin de Estudios Primarios (PLE), ha dado lugar a investigaciones policiales. Entre estos casos, diez se refieren al UCE, mientras que quince están relacionados con el PLE. Si bien a algunos sospechosos se les ha concedido fianza policial durante las investigaciones en curso, el director de la escuela secundaria de Kisugu se enfrenta a graves cargos en virtud de la Ley de la UNEB por confinar ilegalmente a los candidatos e interrumpir un examen.

En Albania, a menudo se pide a los ciudadanos que paguen un soborno cuando utilizan servicios públicos básicos. Según las encuestas del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, los sectores más vulnerables a la corrupción, según los encuestados albaneses, son la política (92 %), el poder judicial (81 %), la atención de salud (80 %), la educación (70 %), la policía (58 %) y la administración pública (52 %). Para luchar contra ello, Albania ha puesto en marcha Spak, un organismo especializado en la lucha contra la corrupción, compuesto por una fiscalía, una oficina nacional de investigación y tribunales especiales.

La Universidad de Sudáfrica (UNISA) se sometió a una auditoría de la calidad realizada por el Consejo de Educación Superior (CHE), que suscitó preocupación por la ambigüedad de funciones entre el Senado y el Consejo, que podría vulnerar la autoridad académica. La auditoría puso de manifiesto problemas de gobernanza, inscripciones tardías que afectan al éxito de los estudiantes y lagunas en la comunicación con estos. La UNISA ha presentado un plan de mejora para resolver estos problemas y espera la respuesta del CHE.

El Ministro de Enseñanza Superior encargó un informe sobre los asuntos de Unisa, la mayor institución de enseñanza abierta a distancia de África. Ha habido denuncias de mala administración, así como de irregularidades en licitaciones, en las que supuestamente están implicados el vicerrector y el director de la universidad. El informe concluye que Unisa está plagada de problemas de gobernanza desde 2016. Entre ellos, el incumplimiento de los procesos de contratación, el nombramiento irregular de miembros del personal y los enormes aumentos salariales.

La Célula Especial de Investigación (SIC) de Arunachal Pradesh realizó una redada en la Dirección de Educación Primaria y en la residencia del Director, por el presunto nombramiento ilegal de veintiocho docentes de primaria en el distrito de Longding. Se ha presentado una denuncia en la que se investigan prácticas corruptas en los nombramientos. La SIC pretende descubrir la verdad y reunir pruebas mediante investigaciones intensivas y redadas coordinadas en Arunachal Pradesh y Assam, en colaboración con las fuerzas del orden locales.

Se ha pedido a once directores de universidades que presenten un informe detallado sobre la capacidad financiera y académica del departamento o facultad dentro de sus instituciones que forma a estudiantes de doctorado. Se espera que proporcionen detalles sobre cómo se utilizó el dinero desembolsado por el Estado a los paneles de defensa de doctorados en el período 2020-21 y 2022-23. De acuerdo con las directrices del Ministerio, los postulantes a doctorado serán aprobados sólo si tienen suficientes medios financieros y académicos para llevar a cabo proyectos de investigación.

Un informe de auditoría revela que el Fondo Estatal de Préstamos Educativos ha estado plagado de transgresiones y corrupción desde 1997, cuando empezó a conceder préstamos a estudiantes que cursaban estudios superiores en el extranjero. La principal conclusión de la investigación es que el 90 % de los préstamos se concedieron a altos funcionarios, a sus hijos y a quienes tenían acceso a información confidencial. No hubo transparencia ni competencia leal en la asignación de los préstamos.

La corrupción y la impunidad en el sistema universitario nigeriano tuvieron una repercusión negativa en la gobernanza de las instituciones terciarias federales y en la calidad de la educación que reciben los estudiantes. En un informe reciente, el Proyecto de Rendición de Cuentas y Derechos Socioeconómicos (SERAP) afirmaba que variadas acusaciones de corrupción en las universidades federales -que van desde la concesión injusta de títulos, la inflación de los contratos y los recortes salariales del personal, hasta la contratación de personal no cualificado y el acoso sexual- están ya muy extendidas, y el estado de la mayoría de las estructuras que albergan las distintas facultades y departamentos de estas instituciones es deficiente.