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El gobierno indio ha presentado el Proyecto de Ley contra las trampas en los Exámenes Públicos para combatir la deshonestidad académica generalizada y preservar la integridad del sistema educativo. El proyecto de ley propone medidas estrictas como una mayor vigilancia, normas más estrictas para los supervisores y penas severas de hasta 10 años de cárcel por hacer trampas y una multa de 1 millón de rupias para los implicados en malas prácticas en los exámenes. Además, el proyecto de ley pretende crear un comité técnico nacional para mejorar la seguridad y la imparcialidad de los exámenes.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología chino ha publicado nuevas directrices sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) generativa en la investigación científica para mejorar la integridad científica y disminuir conductas indebidas. Las normas prohíben el uso directo de herramientas de IA generativa en las solicitudes de financiación de la investigación y exigen un etiquetado claro de los contenidos generados por IA. Las directrices abordan los retos derivados del rápido desarrollo de la IA, haciendo hincapié en la conducta responsable en la investigación.

El Ministerio de Educación, Juventud y Deporte ha garantizado al público la transparencia y exactitud de la corrección de los exámenes Bac II. Ha aplicado controles estrictos durante el proceso de corrección, garantizando que no se permite el uso de dispositivos electrónicos y empleando medidas de seguridad supervisadas por la Unidad Anticorrupción. El Ministerio garantiza la imparcialidad mediante procesos de calificación anónimos y una doble comprobación por parte de los redactores y un subcomité. Los resultados se anunciarán en fechas concretas y se publicarán en plataformas oficiales para mantener la transparencia.

El Gobierno australiano ha introducido medidas estrictas para combatir el fraude y la explotación en el sistema de visas de estudios. Entre ellas figuran prohibir las comisiones de los agentes por el traslado de estudiantes entre instituciones, evitar que los agentes educativos posean participaciones en proveedores de educación australianos y crear una unidad de integridad dentro de la autoridad reguladora de la educación y formación profesional (EFP) para supervisar y hacer cumplir la normativa entre los proveedores de EFP, haciendo hincapié en la importancia de la asistencia de los estudiantes como indicador de riesgo.

Cadmus, una plataforma informática con sofisticados análisis del aprendizaje que detecta la autenticidad del trabajo de un estudiante ha recibido 600 000 dólares de Breakthrough Victoria, el fondo de inversión del Gobierno del Estado. Los informes muestran una disminución del 76 % en el fraude académico, una experiencia positiva de los estudiantes del 91 % y un aumento del 8,5 % en el rendimiento académico y los índices de aprobados.

El organismo de regulación de la educación superior TEQSA interrumpió el acceso a otros 100 sitios web de fraude académico. Con estas, ya son 250 las páginas web ilegales bloqueadas en virtud de estos protocolos desde agosto de 2022. El organismo también ha desarrollado una serie de recursos para estudiantes y personal. Las leyes antifraude australianas establecen el carácter ilegal de la prestación o promoción de servicios de fraude académico. Las sanciones incluyen hasta 2 años de prisión y multas de hasta 110 000 dólares.

En una reunión oficial, el ministro de Educación Superior anunció que se tomarán medidas para preservar la confidencialidad de los exámenes en las instituciones de educación superior. Los cuestionarios y las hojas de respuestas deberán enviarse a través de vehículos geolocalizados y no antes de 30 minutos del comienzo del examen. Se ha habilitado un número de WhatsApp al que se pueden remitir las quejas sobre malas prácticas.

Tras el creciente número de denuncias de mala conducta en las que están implicados ministros y funcionarios públicos, el director general del Departamento de Educación de Queensland ha anunciado una tolerancia cero con el fraude y la corrupción y ha fomentado una cultura de compromiso para trabajar con integridad. Los empleados, profesores y personal del Estado ahora pueden denunciar presuntos casos de corrupción a través de un nuevo portal anónimo en línea.