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El gobierno de Bangladesh está preparando una nueva ley para endurecer la normativa de las universidades privadas, con el fin de mejorar la transparencia y la gobernanza. Entre las enmiendas propuestas figuran la exigencia de que un tercio de los miembros del consejo de administración sean académicos, la restricción a los beneficios de los administradores y la autorización a las autoridades para nombrar observadores en las universidades que se vean afectadas por cualquier situación. El proyecto de ley también incorpora células de garantía de calidad para mantener la calidad educativa, haciendo hincapié en la necesidad de una mejor gobernanza en medio de la preocupación por la corrupción y las irregularidades en la enseñanza superior privada.

Los estudiantes protestaron frente al Ministerio mauritano de Enseñanza Superior e Investigación Científica debido a su preocupación por la transparencia en la concesión de becas en el extranjero. Se excluyó a una amplia gama de estudiantes de medicina y licenciaturas, mientras que se han retenido 90 de las 200 becas ofrecidas por la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional. La falta de transparencia en la distribución de becas se alinea con problemas de corrupción más generales observados en los sistemas de enseñanza superior africanos, como el nepotismo y el favoritismo.

El Ministro de Enseñanza Superior encargó un informe sobre los asuntos de Unisa, la mayor institución de enseñanza abierta a distancia de África. Ha habido denuncias de mala administración, así como de irregularidades en licitaciones, en las que supuestamente están implicados el vicerrector y el director de la universidad. El informe concluye que Unisa está plagada de problemas de gobernanza desde 2016. Entre ellos, el incumplimiento de los procesos de contratación, el nombramiento irregular de miembros del personal y los enormes aumentos salariales.

La corrupción y la impunidad en el sistema universitario nigeriano tuvieron una repercusión negativa en la gobernanza de las instituciones terciarias federales y en la calidad de la educación que reciben los estudiantes. En un informe reciente, el Proyecto de Rendición de Cuentas y Derechos Socioeconómicos (SERAP) afirmaba que variadas acusaciones de corrupción en las universidades federales -que van desde la concesión injusta de títulos, la inflación de los contratos y los recortes salariales del personal, hasta la contratación de personal no cualificado y el acoso sexual- están ya muy extendidas, y el estado de la mayoría de las estructuras que albergan las distintas facultades y departamentos de estas instituciones es deficiente.

El nuevo libro "Corrupted: A study of chronic dysfunction in South African universities" es un relato de la corrupción crónica arraigada en un marco de economía política combinada con la falta de capacidad de gobernanza y gestión y de integridad académica. Todas estas universidades están situadas en zonas de escasos recursos donde la universidad es la principal fuente de financiación y una oportunidad para la corrupción, desde contratos (como proyectos de construcción) hasta servicios (como el transporte), pasando por el alojamiento de estudiantes y la venta de certificados falsos.