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La Universidad Nacional de Pusan, anunció la decisión de revocar la admisión de 2015, de la hija del ex ministro de Justicia en su facultad de medicina porque sus padres falsificaron sus credenciales. El reglamento de admisión estipula que los solicitantes no pueden ser admitidos si su documentación es falsa, y puede ser cancelada incluso décadas después de la graduación si se descubre el fraude.

El fraude en los exámenes sigue siendo el mayor reto para la Junta de Admisiones y Matrículas (JAMB), especialmente entre los padres de familia que constantemente piden que sus hijos reciban tratos especiales, sin importar si cumplen con los requisitos. JAMB también está luchando contra la corrupción en instituciones de educación superior que aceptan a estudiantes al margen de los lineamientos del Ministerio de Educación.

A pesar de continuas acusaciones de fraude académico y crímenes financieros en contra de su familia, un ex profesor de derecho fue nombrado el nuevo ministro de justicia. Su esposa, también profesora, fue acusada presuntamente de falsificar material que hubiera ayudado a su hija a entrar a la universidad y obtener becas. En protesta contra el gobierno, líderes de la oposición se rasuran la cabeza

Un líder del club de navegación de veleros, fue sentenciado a dos años de libertad condicional por facilitar la admisión de estudiantes a la universidad. Recibió $610,000 a cambio de recomendaciones para estudiantes de secundaria que presuntamente él había reclutado para sus equipos. También una familia china le pagó a este oficial, $6.5 millones, para que su hija fuera admitida a Stanford.

Un grupo defensor de anticorrupción, el Proyecto de Rendición de Cuentas y Derechos Socioeconómicos (SERAP), ha demandado al gobernador del estado de Delta, por los escasos recursos financieros de la educación primaria de su estado. Su administración ha recibido N7.8bn de parte de la Comisión de la Educación Básica Universal, aparte de otros fondos del Gobierno Federal. Cerca de 1,124 escuelas primarias en todo el estado son un desastre, con instalaciones de enseñanza en pésimas condiciones. Además, SERAP señaló el caso de un estudiante que fue enviado a su casa porque sus padres no podían pagar la cuota escolar ilegal de N900.

Muchos padres y estudiantes vietnamitas trabajan con agentes de educación cuando aplican a universidades de los Estados Unidos y a otras universidades extranjeras. El reto para muchas de las familias es que estos agentes de educación cobran sumas exorbitantes y representan mal a colegios asociados. Tratan de convencer a sus clientes de la necesidad de mejorar una aplicación usando documentos falsos, como notas alteradas y declaraciones por escrito.