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En un análisis realizado conjuntamente por el Comité de Ética de las Publicaciones y la Asociación Internacional de Editores Científicos, Técnicos y Médicos, se descubrió que más de la mitad de los 3 440 artículos presentados en un periodo de dos años eran falsos. Las prácticas de ciencia abierta, como la preinscripción de los planes de estudio y los informes registrados, podrían fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. Reconocer la importancia de la revisión por pares y recompensar a los revisores también puede mejorar la integridad académica y disminuir la proliferación de artículos sospechosos.

La corrupción y la impunidad en el sistema universitario nigeriano tuvieron una repercusión negativa en la gobernanza de las instituciones terciarias federales y en la calidad de la educación que reciben los estudiantes. En un informe reciente, el Proyecto de Rendición de Cuentas y Derechos Socioeconómicos (SERAP) afirmaba que variadas acusaciones de corrupción en las universidades federales -que van desde la concesión injusta de títulos, la inflación de los contratos y los recortes salariales del personal, hasta la contratación de personal no cualificado y el acoso sexual- están ya muy extendidas, y el estado de la mayoría de las estructuras que albergan las distintas facultades y departamentos de estas instituciones es deficiente.

Según la Autoridad Nacional de Certificaciones de Kenia (KNQA por su sigla en inglés), al menos una de cada tres personas asalariadas en Kenia tiene un certificado académico falso, es decir, alrededor del 30% (al menos 250.000) de la plantilla de funcionarios. En marzo de 2023, la Facultad de Medicina de Kenia revocó la admisión de 53 médicos en prácticas tras descubrirse que habían ingresado en la institución con certificados de secundaria falsos. La Comisión de la Administración Pública y la Comisión de Ética y Anticorrupción ordenaron entonces a todos los empleadores públicos y privados que realizaran auditorías de las titulaciones académicas de los empleados en los últimos diez años para garantizar su responsabilidad.