Las caras del Gobierno Abierto: Muriel Poisson

Conozca a Muriel Poisson, del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la UNESCO. Muriel ha estado a la vanguardia de la investigación y las iniciativas que exploran los vínculos vitales entre las prácticas de gobierno abierto y la transparencia en el sistema educativo y, en este Día Internacional de la Educación, comparte sus ideas sobre el cruce entre la educación y el gobierno abierto.

¿Puede hablarnos más del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) y de la posición que ocupa en él?

En los últimos 60 años, el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO (IIPE-UNESCO) ha apoyado a casi todos los países del mundo en el desarrollo de sus capacidades para planificar y gestionar mejor sus sistemas educativos.

Mediante la producción de conocimientos, la formación y la cooperación técnica, el IIPE contribuye al diseño y la aplicación de planes sectoriales de educación que reflejen las necesidades de los países y los objetivos internacionales en materia de educación.

Sabemos que la única manera de alcanzar estos objetivos es erradicar la corrupción en el sector educativo. Por eso, durante las dos últimas décadas, he contribuido a instaurar y dirigir el trabajo del IIPE sobre ética y corrupción en la educación, mediante la formación de unos 3 000 profesionales de la educación en medidas anticorrupción y la elaboración de una serie de productos de conocimiento. También he prestado apoyo técnico a Estados miembros de la UNESCO para ayudarlos, por ejemplo, a realizar una encuesta de seguimiento del gasto público o a elaborar un código de conducta docente.

Como responsable del programa del IIPE sobre Ética y Corrupción en la Educación, ¿podría explicarnos cómo se relaciona el gobierno abierto con la educación y cuáles son los principales beneficios que puede aportar al sector educativo y a las comunidades?

En el contexto de la educación, el gobierno abierto implica que el público tenga acceso a los datos, los procesos y las decisiones gubernamentales, de modo que se pueda proteger y examinar el derecho de los ciudadanos a la educación. Al igual que en otros sectores públicos, esto aumenta la transparencia y la rendición de cuentas, y puede contribuir a fortalecer la confianza pública en los servicios esenciales. Si se pone la información a disposición del público y se logra la participación de un número mayor de personas, se puede lograr que las políticas y las reformas sean más acertadas. Esto también garantiza que los recursos lleguen a las personas adecuadas.

Hemos visto muchos ejemplos inspiradores, como la política abierta de Madagascar, la contratación abierta de comidas escolares en Colombia o las auditorías sociales generalizadas en la India. El gobierno abierto puede adoptar muchas formas, pero el objetivo sigue siendo el mismo: hacer visibles a los vulnerables, empoderar a los menos escuchados y fomentar un cambio en la dinámica de poder dentro del sector.

¿Cómo pueden plataformas como AGA ayudar a promover y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la educación?

Como asociación en la que participan gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, la AGA contribuye a crear un entorno propicio para una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sector educativo. Más concretamente, según una revisión interna de los planes de acción de AGA de 60 países durante el período 2011-2019 que llevamos a cabo en el IIPE, dichos planes contenían 295 compromisos relacionados con la educación. Los principales temas abarcados iban desde la educación contra la corrupción, o la educación para la ciudadanía, hasta los recursos educativos abiertos, el gobierno electrónico y la prestación de servicios educativos

Pero sería interesante ver cómo otros temas relacionados con el gobierno abierto relevantes para el sector educativo —como los datos escolares abiertos, el presupuesto abierto, la contratación abierta, la auditoría social y muchos más— también pueden considerarse como parte de los planes de acción de AGA, ya sean nacionales o locales. También considero que los puntos de contacto de AGA en los países son actores clave para establecer el vínculo con las autoridades educativas y demás partes interesadas que se encuentran sobre el terreno y ayudar a promover el gobierno abierto en la agenda educativa.

Según su experiencia, ¿qué papel desempeñan los datos escolares abiertos en la promoción del gobierno abierto en la educación, y cómo pueden beneficiar tanto a los estudiantes como al público?

Los datos escolares abiertos son una herramienta extremadamente poderosa para poner en práctica el gobierno abierto. Durante mucho tiempo, los datos escolares —desde los presupuestos, el número de docentes y la disponibilidad de instalaciones hasta los resultados del aprendizaje— sólo estaban en manos de las administraciones públicas. Pero ya no es así: más de 50 países ponen sus datos a disposición del público, incluidos países muy poblados como Bangladesh, India e Indonesia.

Cuando este tipo de datos pasa al ámbito público y existe un circuito de retroalimentación adecuado, la evidencia demuestra que puede contribuir positivamente a que se produzcan cambios sustanciales en la dinámica de poder dentro del sector educativo.

¿Qué dificultades ha encontrado a la hora de aplicar prácticas de gobierno abierto en el sector educativo y cómo las ha superado?

Uno de los retos más frecuentes es que no basta con dar información a los ciudadanos sobre su sistema educativo. Nuestras investigaciones en el IIPE han demostrado que los ciudadanos necesitan que se les acompañe y apoye a lo largo de todo el proceso para que los datos les resulten útiles. Pero la información y la participación por sí solas no bastan. Es crucial promover una pluralidad de voces y garantizar que las autoridades públicas actúen en función de las opiniones de los ciudadanos.

También es importante que los estudiantes participen en los procesos de gobierno abierto, aunque a menudo se pasa por alto. Los estudiantes tienen mucho que decir y son los beneficiarios finales de los servicios educativos, por lo que debería garantizarse su participación. Hay buenos ejemplos de iniciativas de presupuestos participativos en los que se incluyen a estudiantes de Portugal, por ejemplo, o de un programa de jóvenes auditores en Perú, de los que aprender en esta perspectiva.

¿Qué consejo daría a los miembros de AGA con voluntad para que la educación sea más transparente y sin corrupción?

Desde el punto de vista administrativo, mi consejo sería que se estudiaran formas de adoptar un enfoque centrado en el ciudadano, aprendiendo de la experiencia adquirida por la sociedad civil en este ámbito. Animaría tanto a los gobiernos como a las organizaciones de la sociedad civil a explorar las nuevas oportunidades que abren las herramientas digitales para fomentar una mayor participación y rendición de cuentas. 

Para todos los que están comprometidos o dispuestos a comprometerse en este sentido, mi consejo sería que comprendieran las ventajas y los riesgos de las herramientas digitales —incluida la mala interpretación de los datos, o los problemas de seguridad— para que la transición hacia un sistema más abierto tenga las mejores posibilidades de impulsar resultados positivos. 

Por último, como hay tantas iniciativas en marcha en todo el mundo para intensificar o replicar, no puedo dejar de insistir en la necesidad de aprender de los pares y promover el intercambio de conocimientos a escala regional e internacional.