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El Tribunal Supremo de Pakistán ha ordenado el cierre de los campus ilegales de las universidades privadas de todo el país. La Universidad de Preston y la Universidad de Al Khair, han establecido campus ilegales en Karachi y Lahore, y los estudiantes se acercaron a la Comisión de Educación Superior (HEC) porque estas universidades no expedían títulos en dichos campus. El Tribunal ordenó a la HEC que concediera títulos a los estudiantes que habían salido de los campus ilegales mediante algún acuerdo especial y que aplicara estas políticas en todo el país.

El Comisionado del Consejo Estatal de Exámenes de Maharashtra y otros dos cómplices fueron detenidos por su presunta implicación en prácticas fraudulentas en el Examen de Elegibilidad de Profesores. El fraude cometido ascendía a 4,25 millones de rupias, y los candidatos debían pagar entre 50,000 y 1 lakh para aprobar el examen. Se ha constituido un comité encabezado por el secretario jefe de Educación para investigar el caso a fondo.

Cinco profesores de la Universidad Hassan I de Settat (Marruecos) están siendo investigados, después que se filtraran conversaciones en las redes sociales, en las que supuestamente hablaban de la "sextorsión" de alumnas para obtener créditos extra. La comunidad académica pidió un módulo de ética empresarial en los programas de formación del personal universitario para asegurar la sensibilización de las consecuencias negativas de abusar de los estudiantes.

Cuatro funcionarios del Departamento de Educación de Cabo Oriental y un empresario se enfrentan a cargos de corrupción, fraude, robo e infracción de la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas por 59 millones de rands destinados a libros de texto. Bajo el pretexto de que las escuelas contaban con recursos suficientes para libros de texto, decidieron, sin permiso del Tesoro Nacional, que el 80% del presupuesto se desviara y se utilizara para la adquisición de material de recursos complementarios, principalmente equipos informáticos y fotocopiadoras.

13 funcionarios del Ministerio de Educación, Arte y Cultura han sido despedidos en la región de Zambezi, tras ser declarados culpables de cobrar 9 millones de dólares namibios en primas en efectivo, pagos adicionales y diferencias en las subvenciones. Para mejorar la administración de las nóminas e identificar cualquier irregularidad en la nómina del Ministerio, se lleva a cabo un ejercicio de verificación anual en todo el país.

La Fiscalía de Macao está investigando a un funcionario administrativo de la Universidad de Macao y a otros dos socios por cargos de corrupción. Ayudaron a un contratista a licitar para la construcción de residencias en la universidad y falsificaron documentos. El principal sospechoso recibió sobornos para proyectos valorados en 220 millones de MOP (27.4 millones de dólares).

Tras la aplicación de la Ley de Organismos Reguladores de la Educación de 2020 (Ley 1023), cualquier institución de enseñanza superior en Ghana, que anuncie o imparta un programa que no está acreditado, se enfrentará a sanciones que incluyen multas de 240,000 GHS (US$41,400). Otra posibilidad es que el vicerrector o el rector de la institución sea encarcelado hasta por 20 años, aunque ambas sanciones pudieran aplicarse.

Cuatro ex altos funcionarios del Departamento de Educación de Cabo Oriental y un director de una compañía han sido arrestados con cargos de corrupción relacionados a la compra de libros de texto escolares. El funcionario de educación se saltó el proceso de la cadena de suministro del departamento, al obtener un acuerdo de Material de Recursos Suplementarios (SRM) que no se necesitaba. Informes alegan que el funcionario recibió un soborno en forma de dos computadoras portátiles y un teléfono móvil de una compañía que recibió 59 millones de rands por el material SRM.

Dos antiguos contadores del Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología, recibieron 7.5 años de cárcel después de encontrarse culpables de malversar 2.5 millones de chelines. Enfrentaron 10 cargos por adquisición fraudulenta de bienes públicos, abuso de funciones, conspiración para defraudar y robo por parte de una persona empleada en la administración pública. Otro funcionario del ministerio fue condenado a 2.5 años después de robar 1.5 millones de chelines de fondos públicos.