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Un grupo defensor de anticorrupción, el Proyecto de Rendición de Cuentas y Derechos Socioeconómicos (SERAP), ha demandado al gobernador del estado de Delta, por los escasos recursos financieros de la educación primaria de su estado. Su administración ha recibido N7.8bn de parte de la Comisión de la Educación Básica Universal, aparte de otros fondos del Gobierno Federal. Cerca de 1,124 escuelas primarias en todo el estado son un desastre, con instalaciones de enseñanza en pésimas condiciones. Además, SERAP señaló el caso de un estudiante que fue enviado a su casa porque sus padres no podían pagar la cuota escolar ilegal de N900.

Desde 2009, la educación y la salud han sufrido recortes y múltiples escándalos de corrupción. Durante la década pasada, gastos en la educación y cultura han bajado del presupuesto del gobierno central del 32.9% al 19.9%. Los estudiantes no tienen bibliotecas, no tienen clases de computación, y solicitudes para financiar y cambiar el techo de una escuela de primaria de San Pedro Sula, porque tenía asbestos, habían sido negadas por autoridades locales y centrales. «Los maestros y padres de familia reunieron $1,500, haciendo eventos para recaudar los fondos, y se pararon en los semáforos pidiendo dinero para poder pagar por las reparaciones», dijo una maestra de primaria.

Políticos, funcionarios de educación de alto nivel, directores, y empresarios se están aprovechando de sus posiciones para alinear sus bolsillos con los fondos del estado. Según un estudio, los actos de corrupción en Tailandia abarcan desde estafar los fondos del estado, confabular para subir los precios de materiales educativos y de construcción escolar, así como, demandar sobornos de los padres que quieran que sus hijos sean inscritos en una escuela en particular. Entre funcionarios irresponsables y directores de las escuelas se roban casi el 30% del presupuesto total.

El Ministerio de Educación informa que está prohibido cualquier tipo de contribución económica por parte de los padres de familia, para la adecuación de fachadas de aulas u otros gastos por la finalización del año escolar; conforme lo establecen la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y los lineamientos Gubernamentales sobre medidas de previsión, contención, estabilidad emocional y económica de la comunidad educativa. Esta cartera de Estado garantiza el derecho a la gratuidad de la educación, realiza el seguimiento a las irregularidades y aplica correctivos a los infractores.