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Un reciente informe sobre el Comité de Cuentas Públicas, reveló el robo de billones de dinero de contribuyentes que se embolsaron funcionarios corruptos y directores escolares. La escuela de Secundaria de Mundeku, es una de cuatro escuelas fantasmas que figuran en los registros del Ministerio con 1,188 estudiantes, utilizados por un funcionario para robar 27,329,598.95 chelines de fondos públicos. El informe encontró otro funcionario inflando datos de matrículas para 185 escuelas, resultando en un sobrepago de 269,254,288 chelines. Los casos han sido presentados a la Comisión de Etica y Anticorrupción para su investigación.

El expresidente del Sindicato de Personal Académico Universitario (UASU), dijo que el gobierno parece estar renuente a luchar contra la corrupción en universidades públicas de Kenia, las cuales sufren de diferentes tipos de corrupción. Por mucho tiempo, el gobierno no estaba muy interesado en auditar a las universidades hasta recientemente y la mayoría de las universidades no mantenían registros de sus ingresos y gastos. Agregó que la falta de rendición de cuentas entre vicecancilleres proporcionaba un ambiente para que la corrupción afianzara sus raíces.

El Sindicato de Personal Académico Universitario de Kenia (UASU) ha amenazado con ir a la corte si el Ministerio de Educación no toma acción inmediata ante las instituciones de educación superior del país, que han sido reportadas por ilegalmente hacer descuentos de los salarios de sus empleados sin remitir las deducciones a las instituciones pertinentes. El mes pasado, el Ministerio de Educación dio a conocer un informe de auditoría mostrando que algunas universidades públicas del país estaban descontando billones de chelines de los salarios de sus empleados y no reportaban el dinero regularmente a las instituciones correspondientes. El total de los descuentos salariales ilegales es aproximadamente de US$100 millones.

El Ministerio de Educación de Kenia está llevando a cabo estrategias anticorrupción. El Ministerio de Educación trata de controlar las irregularidades en la admisión, los exámenes, la certificación y la acreditación en las universidades públicas y privadas, así como en los campus satélite de las instituciones de todo el país.