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El Ministerio de Educación de Japón está en el banquillo de los acusados al descubrirse que presionó a universidades para contratar a oficiales a punto de retirarse, una práctica conocida como amakudari (descenso del cielo) que está oficialmente prohibida en Japón. A finales del 2016, surgió evidencia condenatoria en el caso de un oficial del ministerio que se retiraba y que fue contratado por la Universidad de Waseda. El ministerio intentó esconder su involucramiento, distribuyendo respuestas a preguntas anticipadamente para que todos los involucrados pudieran coordinar una historia de negación.

El informe de la Comisión Nacional de Anticorrupción, reveló sospechas de corrupción financiera y administrativa en el sector de la educación pública para el año 2018. Estas sospechas incluyen malversación de fondos por parte del contador de una universidad en Menzel Bouzelfa (Nabeul), así como la apropiación de fondos públicos por parte del director de una escuela primaria en la provincia de Sidi Bouzid.