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Cuatro funcionarios del Departamento de Educación de Cabo Oriental y un empresario se enfrentan a cargos de corrupción, fraude, robo e infracción de la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas por 59 millones de rands destinados a libros de texto. Bajo el pretexto de que las escuelas contaban con recursos suficientes para libros de texto, decidieron, sin permiso del Tesoro Nacional, que el 80% del presupuesto se desviara y se utilizara para la adquisición de material de recursos complementarios, principalmente equipos informáticos y fotocopiadoras.

Las escuelas públicas de la zona de Manghopir, en Karachi, están en condiciones ruinosas. Los edificios escolares carecen de agua, electricidad y otros servicios básicos. En la escuela primaria pública para varones Haji Mehmood Goth, en Sarmastani Mohalla, sólo hay un profesor para 137 niños. A pesar del sistema biométrico, el resto de los maestros han seguido recibiendo sus salarios en casa durante los últimos dos años.

La Fiscalía de Macao está investigando a un funcionario administrativo de la Universidad de Macao y a otros dos socios por cargos de corrupción. Ayudaron a un contratista a licitar para la construcción de residencias en la universidad y falsificaron documentos. El principal sospechoso recibió sobornos para proyectos valorados en 220 millones de MOP (27.4 millones de dólares).

Un ex Secretario Ejecutivo de la Junta de Becas del Estado de Lagos ha sido acusado de 8 cargos de conversión delictiva de N127 millones, pertenecientes a la Junta de Becas. El informe de la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros, reveló que los fondos destinados al pago de las becas de los estudiantes, bienestar del personal y renovaciones de las oficinas había sido utilizado para propósitos personales.

La corrupción académica vinculada a la pandemia del COVID-19, resalta la urgencia de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en universidades africanas. Dicha corrupción incluye la mala práctica en investigaciones, gestión de investigaciones cuestionables, mal manejo de fondos de investigación y fraude en la contratación. Varios funcionarios universitarios ignoraron procedimientos de contratación para la adquisición de materiales y equipos para investigaciones sobre el coronavirus. Se identificaron 33 documentos como inadecuados para uso público y se retractaron, retiraron o se observaron con preocupación