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El gobierno de Bangladesh está preparando una nueva ley para endurecer la normativa de las universidades privadas, con el fin de mejorar la transparencia y la gobernanza. Entre las enmiendas propuestas figuran la exigencia de que un tercio de los miembros del consejo de administración sean académicos, la restricción a los beneficios de los administradores y la autorización a las autoridades para nombrar observadores en las universidades que se vean afectadas por cualquier situación. El proyecto de ley también incorpora células de garantía de calidad para mantener la calidad educativa, haciendo hincapié en la necesidad de una mejor gobernanza en medio de la preocupación por la corrupción y las irregularidades en la enseñanza superior privada.

El gobierno de Bangladesh está creando más universidades privadas, a pesar de que el número de estudiantes y profesores en estos centros de enseñanza superior ha descendido en los últimos cuatro años. Según la Comisión de Subvenciones Universitarias, las universidades privadas no ofrecen una educación de calidad y, en algunos casos, se crearon sin una planificación adecuada, ya que la aprobación se obtuvo supuestamente utilizando conexiones políticas. Según la Ley de Universidades Privadas, una universidad debe poseer un campus permanente en los siete años siguientes a su puesta en marcha. Setenta y siete universidades tienen más de siete años, pero sólo 26 tienen campus permanentes.

Para promocionar su posición académica y obtener otros beneficios económicos, muchos profesores, incluidos los universitarios, presentan sus trabajos de tesis basándose en el plagio. El pasado mes de enero, tres profesores de la Universidad de Dhaka fueron despedidos tras ser acusados de plagio en sus trabajos de investigación. En los últimos cinco años, al menos 10 profesores de la misma institución también fueron acusados de plagio o violación de las normas de derechos de autor en sus trabajos de investigación.

Un estudio realizado por Transparencia Internacional Bangladesh reveló que las actividades educativas de nivel secundario, incluida la contratación de profesores y su inclusión en la nómina de pago mensual, están plagadas de corrupción e irregularidades generalizadas. Para ser nombrado subdirector o director, es necesario pagar un soborno de 5.000 a 1 lakh o de 3,5 a 15 lakh para ser incluido en nómina. El estudio también detectó una falta de responsabilidad en diferentes trabajos administrativos de los funcionarios de educación, como el no asistir a sus oficinas a tiempo y con regularidad.

Es alarmante la desenfrenada corrupción y nepotismo al nombrar y promover profesores en universidades públicas en todo el país. Los vicerrectores o profesores influyentes usan su poder político para poner presión sobre los comités de selección y sindicatos para el nombramiento de candidatos de su preferencia, en violación a normas establecidas, reglas y reglamentos. Con el fin de promover profesores a base de méritos, en las 46 universidades públicas, la UGC presentó un proyecto de política al ministerio de educación describiendo el mínimo de cualificaciones para el nombramiento y promoción de profesores de universidades públicas.

Un miembro del Parlamento de Bangladesh, que ocupa uno de los 50 asientos reservados para mujeres, fue expulsada de una universidad, después que contrató a ocho sustitutas para que hicieran sus exámenes. Según la vicerrectora de la Universidad Abierta, la matrícula de la MP había sido cancelada y no se le permitirá volver a tomar exámenes en la universidad.

Los proyectos de responsabilidad social se ejecutan con la participación ciudadana. Se han puesto en marcha dos proyectos, que operan de conformidad con las disposiciones de la Ley de Gobierno Local de 2009 con el fin de mejorar la participación de los ciudadanos en la gestión de las finanzas de los gobiernos locales.

Un reciente estudio realizado por la sede en Bangladesh de la organización anticorrupción Transparencia Internacional sobre las universidades privadas alegó que las 'irregularidades monetarias' ha desencadenado un acalorado debate público, mientras que las autoridades educativas muestran su desacuerdo respecto a dichas alegaciones.