A lo largo de los años ingentes cantidades de alimentos en grano y combustible, cuyo fin era ser distribuidos a través de canales públicos o de programas de protección social entre los sectores más pobres, como "alimentos a cambio de trabajo" y "comidas escolares para niños pobres", se han robado y vendido en el mercado libre.

El presidente negó el pedido de las escuelas para cobrar el almuerzo de los estudiantes que participan en el programa de Educación Primaria Universal (EPU), afirmando que éste ha sido concebido para las familias pobres que no pueden asumir gastos adicionales. Además, declaró que el pago de montos innecesarios de dinero crearían barreras adicionales a la EPU, pues se añadirían a los costos ya existentes, tales como uniformes caros, libros, visitas y otros rubros.