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Políticos, funcionarios de educación de alto nivel, directores, y empresarios se están aprovechando de sus posiciones para alinear sus bolsillos con los fondos del estado. Según un estudio, los actos de corrupción en Tailandia abarcan desde estafar los fondos del estado, confabular para subir los precios de materiales educativos y de construcción escolar, así como, demandar sobornos de los padres que quieran que sus hijos sean inscritos en una escuela en particular. Entre funcionarios irresponsables y directores de las escuelas se roban casi el 30% del presupuesto total.

Desde 2009, la educación y la salud han sufrido recortes y múltiples escándalos de corrupción. Durante la década pasada, gastos en la educación y cultura han bajado del presupuesto del gobierno central del 32.9% al 19.9%. Los estudiantes no tienen bibliotecas, no tienen clases de computación, y solicitudes para financiar y cambiar el techo de una escuela de primaria de San Pedro Sula, porque tenía asbestos, habían sido negadas por autoridades locales y centrales. «Los maestros y padres de familia reunieron $1,500, haciendo eventos para recaudar los fondos, y se pararon en los semáforos pidiendo dinero para poder pagar por las reparaciones», dijo una maestra de primaria.

Con el objetivo de luchar contra la corrupción y motivar a las escuelas privadas a que operen un cartel, la Corte Suprema de Paquistán no ha permitido incrementar la cuota escolar a más del 5% por año. Muchos directores de escuelas privadas recibieron dinero de padres de familia como depósitos de garantía y matrículas y ganaron intereses en ese dinero. Un auditor general informó como en escuelas públicas, algunos maestros recibían salarios muy buenos, pero que no era justo lo que recibían, ya que los maestros de las escuelas privadas ganaban un monto mucho menor y se desempeñaban mejor.

La policía está llevando a cabo una investigación de fraude; un maestro de idiomas es acusado de pedir dinero a padres de familia para paseos escolares. El maestro planeó tres paseos locales para el verano de 2017, pidiendo a los padres de una escuela en Huntingdon dinero adicional por “depósitos de comportamiento” y cobró a cada estudiante 20 euros solo por subirse al bus. Un profesional de la Agencia Reguladora de Maestros concluyó que la conducta del maestro no está a la altura de los estándares que se esperan de la profesión” y “el delito de fraude es pertinente”.