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El Ministerio de Educación de Ruanda (MINEDUC) ha ordenado el cierre temporal del Colegio Politécnico Regional de Kigali para investigar graves casos de robo y malversación de recursos públicos. Según las fuentes, el material de la universidad habría desaparecido, y se ha interrogado y detenido a altos funcionarios y a varios empleados implicados en la gestión de la institución.

El centro examinador de la Escuela Moderna Islámica de Preescolar y Primaria de Chalinze ha sido suspendido por el gobierno por irregularidades en los exámenes. Los números de identificación de examen de cinco alumnos fueron alterados sin que los supervisores dieran una explicación clara. El ministro exigió que el propietario de la escuela despidiera a todos los docentes implicados en el escándalo de las trampas, o se arriesgaba a la baja permanente del establecimiento. El Consejo Nacional de Exámenes de Tanzania corrigió los números de identificación de examen de los candidatos y los resultados afectados por esta mala práctica.

Tres mujeres de Georgia y un hombre de Alabama se declararon culpables de conspirar para defraudar millones de dólares a los programas de asistencia financiera federal del Departamento de Educación de Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, admitieron haber matriculado a personas que no cumplían los requisitos para asistir a la universidad y haber completado solicitudes de asistencia financiera utilizando nombres de estudiantes falsos; también hicieron deberes y exámenes falsos de los estudiantes y manipularon los requisitos de grado para seguir teniendo derecho a la asistencia financiera federal.

El Departamento de Justicia informa que dos funcionarios de educación han sido condenados a prisión tras declararse culpables de realizar inscripciones de manera fraudulenta en escuelas virtuales y luego reclamar para sí el dinero de los fondos públicos. Los distritos recibían pagos del Fondo Fiduciario para la Educación de Alabama como si los estudiantes asistieran a escuelas públicas, mientras que los acusados se apropiaban del dinero estatal en forma indebida mediante pagos directos en efectivo y pagos a terceros contratistas, cuyos dueños resultaron ser cómplices.

El director de la Agencia Puerta del Futuro fue condenado a siete años de prisión y a una multa de 7 millones de dinares (unos 50,000 dólares), después que 75 estudiantes argelinos que querían matricularse en universidades extranjeras, incluidas las de Ucrania, Turquía y Rusia, fueran víctimas de un fraude. Aunque pagaron a la Agencia grandes sumas de dinero, las condiciones de alojamiento eran pésimas y sus solicitudes universitarias, falsas. Dos de sus ayudantes y tres influencers, procesados en el mismo caso, fueron condenados a un año de prisión y a una multa de 100,000 dinares (unos 700 dólares) cada uno.

La Fiscalía de Estados Unidos arrestó a una enfermera especializada, por cargos federales de fraude electrónico, fraude en la ayuda financiera y robo de identidad agravado. Utilizó la información de los médicos y falsificó firmas para certificar diagnósticos de discapacidad que consiguieron la descarga de más de 10,5 millones de dólares en préstamos para al menos 125 personas. Defraudó el programa de condonación por incapacidad total y permanente del Departamento de Educación federal, que alivia los préstamos estudiantiles de quienes sufren discapacidades físicas o mentales permanentes.

Seis ciudadanos iraníes y azerbaiyanos han sido detenidos por robar y vender preguntas y respuestas de la Prueba de Evaluación Académica (SAT), que realizan los estudiantes extranjeros para ser admitidos en universidades de Estados Unidos y Turquía. Al parecer, los sospechosos cobraban a los "compradores" entre 2,000 y 3,000 dólares por las preguntas facilitadas en su red denominada "casas de cuarentena". Al registrar los domicilios en los que se detuvo a los sospechosos, la policía turca encontró documentos de admisión al SAT, libros de preguntas de exámenes oficiales y una gran cantidad de pruebas digitales.

Tras el creciente número de denuncias de mala conducta en las que están implicados ministros y funcionarios públicos, el director general del Departamento de Educación de Queensland ha anunciado una tolerancia cero con el fraude y la corrupción y ha fomentado una cultura de compromiso para trabajar con integridad. Los empleados, profesores y personal del Estado ahora pueden denunciar presuntos casos de corrupción a través de un nuevo portal anónimo en línea.

Un falsificador detectado en 2019 por el Ministerio de Educación Superior ha sido acusado de falsificación, y venta de documentos oficiales, fraude y blanqueo de capitales. Desde 2015, vendía miles de diplomas falsos a 200 euros cada uno. Con la complicidad de un conductor de taxi-ambulancia que fotografiaba los documentos de los pacientes, compraba tarjetas de prepago con estas identidades falsas, que luego eran pagadas mediante transferencias electrónicas por los compradores de los diplomas falsos a través de sus propias tarjetas de prepago.