Página de búsqueda

Cuatro funcionarios del Departamento de Educación de Cabo Oriental y un empresario se enfrentan a cargos de corrupción, fraude, robo e infracción de la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas por 59 millones de rands destinados a libros de texto. Bajo el pretexto de que las escuelas contaban con recursos suficientes para libros de texto, decidieron, sin permiso del Tesoro Nacional, que el 80% del presupuesto se desviara y se utilizara para la adquisición de material de recursos complementarios, principalmente equipos informáticos y fotocopiadoras.

La Fiscalía de Macao está investigando a un funcionario administrativo de la Universidad de Macao y a otros dos socios por cargos de corrupción. Ayudaron a un contratista a licitar para la construcción de residencias en la universidad y falsificaron documentos. El principal sospechoso recibió sobornos para proyectos valorados en 220 millones de MOP (27.4 millones de dólares).

Un ex Secretario Ejecutivo de la Junta de Becas del Estado de Lagos ha sido acusado de 8 cargos de conversión delictiva de N127 millones, pertenecientes a la Junta de Becas. El informe de la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros, reveló que los fondos destinados al pago de las becas de los estudiantes, bienestar del personal y renovaciones de las oficinas había sido utilizado para propósitos personales.

El Ministerio de Educación informa que está prohibido cualquier tipo de contribución económica por parte de los padres de familia, para la adecuación de fachadas de aulas u otros gastos por la finalización del año escolar; conforme lo establecen la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y los lineamientos Gubernamentales sobre medidas de previsión, contención, estabilidad emocional y económica de la comunidad educativa. Esta cartera de Estado garantiza el derecho a la gratuidad de la educación, realiza el seguimiento a las irregularidades y aplica correctivos a los infractores.

El FBI anunció que la ex Secretaria de Educación, ha sido acusada de haber usado su puesto para dar a una compañía, 1,034 pies cuadrados que le pertenecían a una escuela, a cambio de beneficios financieros. Si se le encuentra culpable, podría enfrentar hasta 10 años de cárcel por conspiración y soborno y hasta 20 años por fraude electrónico.