Página de búsqueda

Tras la aplicación de la Ley de Organismos Reguladores de la Educación de 2020 (Ley 1023), cualquier institución de enseñanza superior en Ghana, que anuncie o imparta un programa que no está acreditado, se enfrentará a sanciones que incluyen multas de 240,000 GHS (US$41,400). Otra posibilidad es que el vicerrector o el rector de la institución sea encarcelado hasta por 20 años, aunque ambas sanciones pudieran aplicarse.

Según el Director de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa (CHRAJ), el papel que juegan los estudiantes de educación superior en la implementación efectiva de leyes de anticorrupción; es crucial. Durante un simposio organizado por la Comisión Nacional de Educación Cívica, se hizo un llamado a los estudiantes para participar en la lucha contra la corrupción y fomentar en el país la buena gobernanza, estado de derecho, rendición de cuentas y la transparencia.

El miércoles, la Comisión Nacional para Educación Cívica (NCCE) hizo un llamado a una importante transformación hacia la lucha contra la corrupción, diciendo que la soga alrededor de la corrupción debe de apretarse a través de acciones prácticas. “De modo que, la Comisión está aumentando la lucha contra la corrupción por medio de una incesante intensiva educación pública y cívica para cambiar nuestra actitud, inyectar responsabilidad personal y pública en todo el país para ayudar a promover buena gobernanza.

Partes interesadas en el sector educativo de Ghana han estresado la necesidad de un esfuerzo colectivo para encontrar soluciones inmediatas a riesgos en el sector que pudieran generar corrupción. Aunque los riesgos son muy bien conocidos y documentados, es importante abordar las raíces para frenarlas antes que se agraven y lleguen a ser casos de corrupción. El Coordinador Regional de Transparencia Internacional para Africa Occidental, dijo que no se podía hablar de desarrollo sostenible de ningún país sin un buen sistema educativo, y por eso la necesidad de abordar la corrupción y los riesgos de corrupción en el sector.

Una encuesta realizada por Transparency International en Ghana, Madagascar, Marruecos, Níger, Senegal, Sierra Leona y Uganda incluyó a 8 500 padres, directores de escuela, responsables de asociaciones de padres y docentes y funcionarios de educación de distrito. Los informes ponen de manifiesto la falta de información presupuestaria en las escuelas y piden que se refuercen los reglamentos financieros de las escuelas, se aclaren las responsabilidades, se les confiera autoridad a los comités escolares y se establezca un compromiso con las comunidades escolares y los padres.