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Tras la elección del Presidente, defensores y legisladores expresaron su preocupación sobre que pasará con las actuales regulaciones destinadas a responsabilizar a las universidades con fines de lucro. El martes, sus preocupaciones se hicieron realidad. El Departamento de Educación anunció que retrasaría y renegociaría dos de los principales reglamentos de la administración anterior. La primera tiene como objetivo penalizar los programas en los cuales las cuotas de préstamos de graduados exceden un porcentaje establecido de sus ganancias, mientras el segundo simplifica el proceso para prestatarios que afirman haber sido estafados por sus universidades.