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En Alemania, el número de universidades privadas se ha duplicado en las dos últimas décadas, hasta alcanzar las 115, y el número de estudiantes se ha cuadruplicado. Estas instituciones se financian a partir de diversas fuentes, como empresas y fondos familiares. Aunque las universidades afirman que su independencia académica se mantiene intacta, han surgido problemas de transparencia. Transparencia Internacional advierte contra la posible influencia de las empresas en la investigación a través de su financiación e insta a una mayor transparencia para preservar la integridad académica.

Los estudiantes que hacen trampas en los exámenes se enfrentan ahora a multas de hasta 200.000 AED (más de 50.000 euros).

Dos políticos noruegos se enfrentan a acusaciones de plagio en sus tesis de máster, lo que ha dado lugar a que las universidades investiguen los casos. Los escándalos han suscitado debates sobre la integridad académica, y llamados a endurecer las penas por plagio. Los incidentes también han suscitado preocupación por el trato que reciben los estudiantes frente a los políticos y la necesidad de una normativa nacional sobre el plagio. Los expertos subrayan la importancia de promover normas e integridad ética en la investigación en las universidades.

La Mesa del Comité Directivo de Educación del Consejo de Europa debate la creación de un observatorio europeo para la integridad ética y la transparencia en la enseñanza superior, una iniciativa histórica contra el fraude educativo. El Observatorio pretende abordar el problema cada vez mayor sobre los falsos diplomas con objetivos como la recolección de datos, la promoción de prácticas éticas, la prevención de la corrupción y la cooperación internacional. A pesar de los desafíos burocráticos, financieros y jurídicos, esta iniciativa ofrece importantes beneficios potenciales para la calidad y la reputación de la enseñanza superior en Europa.

La reciente sesión plenaria de la ETINED en París reunió a representantes de treinta y cinco países europeos para debatir la importancia de la integridad en la enseñanza superior. Destacaron la necesidad de principios éticos, transparencia e integridad en la educación, junto con medidas para combatir el fraude educativo. La plataforma compartió buenas prácticas, incluida una recomendación sobre la lucha contra el fraude educativo y una próxima publicación sobre respuestas jurídicas y estudios de casos relacionados con el fraude educativo. Los debates versaron sobre el impacto de la IA en educación, los enfoques centrados en el estudiante y los planes para crear un observatorio de lucha contra el fraude educativo.

En el libro Corruption in Higher Education: Global Challenges and Responses, treinta y cuatro expertos arrojan luz sobre diversos problemas de corrupción en la enseñanza superior: trampas en los contratos y subcontratación de tareas; procesos de contratación ambivalentes; universidades falsas que adoptan diversas formas, desde planes con ánimo de lucro hasta estudiantes que compran títulos sin cumplir sus obligaciones; la investigación de la corrupción implica a académicos, administradores y organismos, unidos contra la corrupción académica. Algunos de los próximos pasos son: desarrollar una teoría de la integridad, analizar el impacto de la educación secundaria, impulsar la tecnología, evitar la estigmatización de los grupos sociales y fomentar la cooperación mundial.

Con los exámenes a la vuelta de la esquina, los estudiantes de la Universidad de Bournemouth hablan sobre lo que significa para ellos la integridad académica, cómo ponerla en práctica les permite obtener mejores notas, cómo evitar cometer una infracción académica y dónde obtener ayuda cuando la necesitan.

Para garantizar la integridad académica y evitar el plagio, el Instituto de Estudios Políticos de París ha prohibido el uso de ChatGPT, el nuevo chatbot capaz de redactar ensayos al instante. Sin una referencia transparente, se prohíbe a los estudiantes utilizar el software para cualquier trabajo escrito o presentación, salvo para fines específicos del curso. Las sanciones por el uso del software pueden llegar hasta la exclusión de la institución.