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Una serie de reportes incriminatorios del 2015, indican que la corrupción ha tocado varias partes del sector educativo. Una auditoria nacional llevada a cabo por el Ministerio de la Educación Primaria y Secundaria, ha establecido que autoridades han perjudicado escuelas con millones de cobros de impuestos. Autoridades de las escuelas acusados de estafas, han sido arrestados y subsecuentemente condenados, con algunos de ellos sentenciados a por lo menos cinco años de prisión.

Se esperaba que auditorías cubrieran a nivel nacional más del 80% de las 8,179 escuelas del país, de las cuales 825 son primarias y 2,374 son escuelas secundarias. Aunque el ejercicio ha producido resultados y se han descubierto un gran número de irregularidades y abuso de fondos en instituciones del Gobierno; hay reportes que se les ha pedido a las escuelas la financiación del ejercicio.

El gobierno en poder ha auditado escuelas a lo largo y ancho del país y han descubierto abusos masivos de impuestos cobrados a padres y guardianes para supuestamente financiar una infraestructura de desarrollo de aprendizaje. De 1,800 (18%) de las escuelas auditadas hasta el momento, hay indicios que las escuelas han falsificado récords de contabilidad.

El Ministerio de Educación (ME) ha comenzado el proceso de verificación de maestros para asegurar la reestructuración y regulación de la plantilla de profesores. El propósito de ésta iniciativa es para auditar la nómina de maestros y corregir las anomalías detectadas y así asegurar la eliminación de personal con calificaciones fraudulentas del sistema. Si el ME ahorra dinero, se usará para racionalizar el pago y beneficios de los educadores para atraer y retener profesionales en el sector.

Harare está perdiendo miles de dólares en ingresos ya que muchas de sus escuelas no están remitiendo las cuotas de las matrículas a las autoridades locales. La ciudad ha ordenado investigaciones en cuatro escuelas y una guardería. Un administrador de una de las escuelas deberá presentarse ante un comité disciplinario para responder a cargos de mal uso de matrículas.