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Grupos de médicos y científicos preocupados por que el juego sucio socave el buen nombre de la ciencia, han publicado planes para que un organismo nacional se dedique a combatir el fraude en las investigaciones. El Comité de Ética de Publicación (COPE) acordó en una reunión en octubre que es necesario emprender una acción concertada.

El gobierno de Bush propuso el mes pasado directrices que permitirían a las instituciones de investigación decidir si restringir los intereses financieros de los investigadores de estudios en seres humanos, y si tales intereses deben ser notificados a los voluntarios de las investigaciones.

Casi la mitad de los miembros de la facultad de medicina que participan en las juntas que se encargan de la protección de voluntarios de programas de investigación clínica también trabajan como consultores en la industria, funciones dobles que generan preocupación sobre posibles conflictos de interés, según un estudio publicado hoy en la revista Academic Medicine. El estudio ha encontrado que en los últimos tres años el 47 % de los miembros de la facultad de los grupos especiales de la universidad ha desempeñado también papeles de asesoramiento en la industria.

El profesorado es la llave de paso que determina la primera exposición de los estudiantes a las normas éticas y las tradiciones. Muchos observadores de la cultura académica contemporánea han documentado casos de comportamientos irresponsables y poco éticos entre el profesorado. Entre los ejemplos se citan llegar tarde clase, el uso de lenguaje vulgar en foros académicos, mostrar favoritismo entre los estudiantes, el uso indebido de fondos del campus, el plagio, relaciones sexuales con los estudiantes, el fracaso para desempeñar con eficacia las tareas administrativas y, lo más básico, la falta de voluntad para defender el valor de la verdad en la enseñanza y la investigación.

La Universidad del Norte de Kentucky ha acusado a cinco profesores de fabricar datos en artículos académicos, por duplicar y plagiar grandes fragmentos de su propio trabajo en varias publicaciones, y enumerar como autores a un número de profesores de la universidad que no habían realizado ninguna contribución.

Un ex investigador de la Universidad Tecnológica de Texas, acusado de no gestionar bien las demandas de acoso y de defraudar a la universidad la parte de dinero destinada a proyectos de investigación clínica, fue condenado la semana pasada a dos años de prisión y una multa de 15.000 $.