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El fraude en los exámenes sigue siendo el mayor reto para la Junta de Admisiones y Matrículas (JAMB), especialmente entre los padres de familia que constantemente piden que sus hijos reciban tratos especiales, sin importar si cumplen con los requisitos. JAMB también está luchando contra la corrupción en instituciones de educación superior que aceptan a estudiantes al margen de los lineamientos del Ministerio de Educación.

Un grupo defensor de anticorrupción, el Proyecto de Rendición de Cuentas y Derechos Socioeconómicos (SERAP), ha demandado al gobernador del estado de Delta, por los escasos recursos financieros de la educación primaria de su estado. Su administración ha recibido N7.8bn de parte de la Comisión de la Educación Básica Universal, aparte de otros fondos del Gobierno Federal. Cerca de 1,124 escuelas primarias en todo el estado son un desastre, con instalaciones de enseñanza en pésimas condiciones. Además, SERAP señaló el caso de un estudiante que fue enviado a su casa porque sus padres no podían pagar la cuota escolar ilegal de N900.

La mala práctica de exámenes es una “industria” altamente organizada, entre propietarios de escuelas, funcionarios del Ministerio de Educación del Estado, funcionarios de la certificación de West African School, vigilantes, mecanismos, y de los mismos estudiantes. Según un estudio, esto es resultado de una pobre implementación de reglas para los exámenes, sin miedo a castigos, preparación inadecuada, no hay lealtad hacia el personal de la entidad examinadora, y amenazas de estudiantes y padres de familia. Muchos padres prefieren sobornar al examinador, en lugar de pagar por clases extra para su hijo, porque eso no garantiza buenos resultados en los exámenes.

Se han hecho demandas al gobierno para tomar mejores acciones cuando estudiantes universitarios surgieron como los blancos principales del esquema de fraude Ponzi. Esto, tras al menos 4,000 estudiantes de una universidad fueron amenazados con ser expulsados después que desviaron sus cuotas de matrículas sumando un total de US$6.5 millones en un esquema de internet Ponzi, el cual desde entonces ha suspendido sus operaciones sin explicación. En la Universidad del Estado Osun, más de 4,000 estudiantes recibieron notificaciones que serían expulsados de la universidad si para finales de febrero no pagaban las cuotas de matrículas pendientes. En una época de recesión económica severa, la pérdida de inversiones añade presión sobre los padres de familia, quienes muchos son víctimas del alto índice de desempleo masivo en Nigeria.

El presidente ejecutivo del Consejo Nacional Examinador (en inglés National Examinations Council - NECO) ha autorizado a los funcionarios del consejo a que acepten sobornos ofrecidos por estudiantes o padres que estén en situaciones desesperadas. La medida pretende así salvar la vida del personal del NECO que se ven sujetos a frecuentes y a veces mortales ataques por personas desesperadas por aprobar su Examen de Certificación de Enseñanza Secundaria por cualquier medio. En los dos últimos años, se han dado casos en los que se ha arrojado ácido a los funcionarios del NECO.