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Los portavoces de las Asociaciones Nacionales de Alimentación Escolar de Ghana pidieron al presidente y al Ministerio de Educación que investiguen a los funcionarios corruptos, que explotan el sistema para sus beneficios personales. Durante el año académico 2019/2020, el Programa Nacional de Alimentación Escolar de Ghana pagó 12.9 millones de dólares ghaneses a individos que se beneficiaron de 511 escuelas fantasmas de todo el país que no estaban incluidas en el programa de alimentación escolar.

Un número de altos funcionarios del Cabo Oriental han sido acusados de corrupción en relación a un programa de nutrición escolar de la provincia por R1 billón; otro caso involucra irregularidades relacionadas al suministro de infraestructuras escolares o denuncias de corrupción en el Departamento de Educación de Limpopo, por el otorgamiento de un contrato a EduSolutions. El contrato para la adquisición de libros de texto escolares en la provincia fue cancelado en 2012, después de haberse pagado millones a EduSolutions.

El informe del Sindicato Africano demuestra que al menos el 57% de las personas que se ponen en contacto con las escuelas en Malawi, pagan sobornos. Pagos informales amenazan los derechos y el bienestar de la niñez. Por ejemplo, cargos informales de parte de maestros para enseñar, y para elementos adicionales como alimentación escolar, libros, uniformes o exámenes pueden llevar particularmente a los estudiantes más pobres a que falten a la escuela. Además, la adquisición de calificaciones falsas, afectan los resultados del aprendizaje de los niños.

Dos personas están en problemas después que presuntamente estafaron cerca de R6 millones del Departamento de Educación de Mpulamanga. El jueves, ambos se presentaron ante la Corte Regional de Nelspruit, por su presunta involucración en el plan ficticio de alimentación escolar. Los “Hawks” (Oficina de crimen organizado) dijeron que, en 2011, los acusados entregaron varias facturas falsas al Departamento de Educación por servicios que nunca fueron prestados. Un empleado del Departamento de Salud supuestamente contrató a dueños de varias compañías para que presentaran dichas facturas. El dinero supuestamente se depositó a las diferentes cuentas individuales y corporativas y posteriormente fue retirado y compartido entre el sindicato.