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Algunos políticos obligaban a las universidades a contratar a amigos suyos a cambio de la garantía de un flujo constante de fondos. A través de la falsificación de documentos y del soborno a los funcionarios adecuados, el personal de la universidad se aseguraba unas pensiones de jubilación mayores y así se podrían retirar antes de la edad habitual.

El Departamento de Educación de Estados Unidos propuso la semana pasada nuevas reglas para flexibilizar una prohibición impuesta a la compensación de incentivos para reclutadores universitarios y eliminar así una norma de ayudas financieras. La propuesta para anular la regla de 12 horas lleva muchos años siendo centro de debate. Los proveedores de educación a distancia han instado al departamento y al Congreso a invalidar esta norma, pero hay quienes apelan a los temores de que relajar la normativa conduciría al fraude.

El gobierno de Bush propuso el mes pasado directrices que permitirían a las instituciones de investigación decidir si restringir los intereses financieros de los investigadores de estudios en seres humanos, y si tales intereses deben ser notificados a los voluntarios de las investigaciones.

Casi la mitad de los miembros de la facultad de medicina que participan en las juntas que se encargan de la protección de voluntarios de programas de investigación clínica también trabajan como consultores en la industria, funciones dobles que generan preocupación sobre posibles conflictos de interés, según un estudio publicado hoy en la revista Academic Medicine. El estudio ha encontrado que en los últimos tres años el 47 % de los miembros de la facultad de los grupos especiales de la universidad ha desempeñado también papeles de asesoramiento en la industria.