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Los titulares de fábricas de diplomas son muy difíciles de controlar. Inundan los correos electrónicos con ofertas de títulos universitarios baratos y cobran los honorarios a través de Internet, y a continuación filtran ese dinero hacia cuentas bancarias en el extranjero. Cuando la policía intenta cerrar uno de estos negocios, los titulares lo abren en otra parte, frecuentemente en un país pobre con escasas medidas legales contra el fraude. Ante la incapacidad para desbaratar estos negocios ilegales, muchos estados han cambiado su estrategia: si no podemos atrapar a los que venden, habrá que atrapar a los que compran. Algunos, como Illinois, Indiana y Nueva Jersey, han criminalizado recientemente el uso de títulos falsos.

Los graduados de un programa de tecnología en radiología de Kentucky han demandado a la institución, alegando que mintió sobre el estado de acreditación del programa. El programa de tecnología en radiología de la institución, que tiene una duración de tres años y cuesta alrededor de 33.000 $, todavía no está acreditado por la organización adecuada, el Comité Conjunto para la Revisión de la Educación en Tecnología Radiológica. Nueve estudiantes se han graduado del programa y 75 están inscritos actualmente. Sin la acreditación, los estudiantes no pueden realizar el examen de licencia nacional y obtener las credenciales adecuadas para acceder al mundo laboral.

La Universidad del Norte de Kentucky ha acusado a cinco profesores de fabricar datos en artículos académicos, por duplicar y plagiar grandes fragmentos de su propio trabajo en varias publicaciones, y enumerar como autores a un número de profesores de la universidad que no habían realizado ninguna contribución.

El gobierno de Bush propuso el mes pasado directrices que permitirían a las instituciones de investigación decidir si restringir los intereses financieros de los investigadores de estudios en seres humanos, y si tales intereses deben ser notificados a los voluntarios de las investigaciones.

Una corporación sin ánimo de lucro encargada de suministrar una red de ordenadores de alta velocidad a centros universitarios del estado de Nueva York ha aceptado el mes pasado pagar al gobierno federal la cantidad de 1,4 millones de $ en virtud de una demanda por supuesto uso indebido de los fondos de una subvención federal.