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Los casos de corrupción en el sector educativo del estado de Oyo comprenden desde reportes de administradores escolares recolectando dinero de estudiantes para tomar exámenes de prueba, funcionarios pidiendo subvenciones a directores antes de distribuir los materiales escolares que el gobierno compró para los estudiantes, hasta la aceptación de dinero de maestros para desplegarlos a zonas preferenciales. El gobernador anunció que se espera el despido y el enjuiciamiento de todo aquel que a través de prácticas corruptas boicotee los esfuerzos del gobierno.

Un nuevo reporte ha descubierto irregularidades masivas en la adquisición de libros de textos para escuelas públicas, con directores jugando un papel importante en el problema. El fraude abarca desde firmas falsificadas, entrega de libros fantasmas, y comités escolares que seleccionan materiales de instrucción a proveedores únicos y sobrevalorados. El Gabinete del Secretario de Educación, recientemente dijo, que a pesar de que el gobierno destinó Sh10 billones para libros desde hace tres años, la mayoría de las escuelas no contaban con los materiales. Calculando, que, la proporción de libros por estudiante es de 5 a 1 en las escuelas primarias.

La Universidad de Cairo, la institución estatal educativa más grande de Egipto, ha iniciado un plan de acción en contra de prósperos pero ilegales “centros de enseñanza” en su comunidad, acusándolos de “debilitar el proceso educativo”. Los centros, localizados fuera del campus, son acusados de piratear libros académicos, producir guías de estudios deficientes e impartir cursos intensivos para estudiantes por una cuota. Algunos académicos a quienes se les han pirateado sus libros, dicen no haber recibido respuesta, después de denunciarlos a autoridades legales.

Afganistán debe enfrentar ahora un problema en materia de educación: la falta de textos escolares. Millones de nuevos textos prometidos y pagados por los donantes no fueron distribuidos debido a la corrupción y a complicaciones burocráticas.  Según las cifras dadas en entrevistas con los funcionarios de las 34 provincias del país, cerca de un tercio de los textos pedidos el año pasado nunca llegaron a destino. Actualmente, los estudiantes sólo tienen la posibilidad de copiar ilegalmente los ejemplares encontrados en los mercados.