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La asociación representando a los maestros universitarios de Canadá han reprochado al Consejo de Administración de la Universidad de Carleton por la nueva política, que prohibirá a miembros hablar públicamente acerca de las reuniones que asistan. Los profesores dicen que la medida es una violación de transparencia y apertura, lo cual es fundamental para la libertad académica. El Consejo también ha decidido prohibir que representantes del sindicato de la facultad y de estudiantes asistan a dichas reuniones, alegando que tienen conflicto de interés.

En 2002, el asistente del Jefe de Misión de la Embajada de Liberia inició sus transacciones fraudulentas con propietarios estadounidenses de la fábrica de diplomas de St. Regis. Convinieron en vender acreditaciones de las universidades de Liberia al "St. Regis University" por $ 2.250. Luego decidieron crear otras dos fábricas de diplomas: Robertstown y James Monroe. A fines de 2003, los funcionarios de Liberia bajo su control incluían a diplomáticos de alto nivel en por lo menos dos embajadas, un ministro de justicia, un ministro de relaciones exteriores, dos directores sucesivos de la Comisión Nacional de Educación Superior de Liberia, así como a varios diplomáticos y funcionarios, entre los cuales había algunos del Ministerio de Educación. El servicio secreto de los Estados Unidos finalmente reveló sus malversaciones.

El Australian National Health and Medical Research Council (NHMRC) y las universidades de Australia emprendieron la revisión del Código para una Investigación Responsable. El código se propone orientar a las instituciones y los investigadores para que efectúen prácticas de investigación responsables. Abarca temas tales como la gestión de datos y materiales, la publicación y difusión de resultados; la atribución; los procesos de revision por los pares y los conflictos de intereses.

La California State University se encuentrta sometida nuevamente a una medida de vigilancia reforzada porque un entrenador de baloncesto trató de que un jugador recibiera créditos por cursos que nunca tomó.

Casi la mitad de los miembros de la facultad de medicina que participan en las juntas que se encargan de la protección de voluntarios de programas de investigación clínica también trabajan como consultores en la industria, funciones dobles que generan preocupación sobre posibles conflictos de interés, según un estudio publicado hoy en la revista Academic Medicine. El estudio ha encontrado que en los últimos tres años el 47 % de los miembros de la facultad de los grupos especiales de la universidad ha desempeñado también papeles de asesoramiento en la industria.

El gobierno de Bush propuso el mes pasado directrices que permitirían a las instituciones de investigación decidir si restringir los intereses financieros de los investigadores de estudios en seres humanos, y si tales intereses deben ser notificados a los voluntarios de las investigaciones.