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Los sindicatos de profesores han expresado su preocupación a partir de los últimos informes de malas prácticas en exámenes en diversas partes del país. Y esto sucede tras el anuncio de que 30 personas, entre las que se encuentran 13 profesores y 9 alumnos, fueron arrestados recientemente en Kapiri y Mkushi por estar en posesión de exámenes del noveno grado del año 2014.

El departamento de Educación Básica declaró el domingo que un grupo de trabajo ha empezado a investigar la supuesta venta de puestos laborales en la docencia. El grupo ha iniciado su trabajo y ya se han llevado a cabo diversas entrevistas con los portavoces del departamento sindical.

Las reformas imponen una evaluación centralizada del profesorado y buscan acabar con las prácticas corruptas en el sistema educativo. Dichas prácticas incluyen la compra-venta de puestos docentes. No obstante, los sindicatos declaran que las reformas podrían llevar a numerosos despidos y las críticas también sugieren que se podría estar allanado el camino para la privatización del sistema educativo de México.

A lo largo de una entrevista, el Presidente del Sindicato de Profesores de Nigeria (NUT) hizo comentarios acerca de los problemas y las opiniones de fondo que se dan en el sector de la educación del país y su manera de proceder. Criticó con dureza las irregularidades que se dan dentro del sistema y declaró que la lucha contra la corrupción en su totalidad debe ser una prioridad.

De manera indebida, el gobierno de Baja California destinó 91,5 millones de pesos provenientes de fondos federales para cubrir salarios a personal comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en vez de canalizarlos a actividades en beneficio de escuelas y maestros, como establece el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Los puestos de los profesores están a la venta en México y esto ha sido así durante decenios. Aunque raramente discutida, esta práctica –iniciada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para recompensar a las personas leales al partido– está aparentemente muy difundida. Se informa que el precio de un puesto de profesor en una escuela pública primaria se sitúa entre $5.000 y $12.000, dependiendo del lugar. Los profesores que renuncia pueden vender sus puestos o pasarlos a sus hijos. En algunos casos por lo menos, los gobiernos locales y los sindicatos de profesores supervisan el proceso de compra y venta. Sin embargo, un reciente esfuerzo de reforma –la "Alianza por la calidad de la educación" (ACE)– suscrito por el gobierno y el sindicato nacional de profesores en mayo, basaría los nuevos nombramientos de los profesores en el mérito, mediante un examen administrado por un órgano independiente. No sorprende que este acuerdo haya generado una respuesta vociferante de la base. En muchos estados los profesores se han declarado en huelga, marchando hacia las oficinas del gobierno, cerrando escuelas y bloqueando calles.

Honduras invierte grandes sumas en la educación, pero los poderosos sindicatos de profesores y los nombramientos políticos minan las reformas en un sector vulnerable a la corrupción y que carece de supervisión de la sociedad civil. En el país hay unos 50.000 profesores; entre 2.500 y 2.600 tienen problemas pendientes en relación con sus puestos (tales como pagos irregulares por permisos o ausencias injustificadas mientras siguen en la planilla). Para que los planes de descentralización en curso  tengan un impacto positivo sobre los servicios de educación es necesario mejorar las competencias de los auditores locales, dar más participación a los padres de familia y los sindicatos deben adoptar códigos de conducta.