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Los puestos de los profesores están a la venta en México y esto ha sido así durante decenios. Aunque raramente discutida, esta práctica –iniciada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para recompensar a las personas leales al partido– está aparentemente muy difundida. Se informa que el precio de un puesto de profesor en una escuela pública primaria se sitúa entre $5.000 y $12.000, dependiendo del lugar. Los profesores que renuncia pueden vender sus puestos o pasarlos a sus hijos. En algunos casos por lo menos, los gobiernos locales y los sindicatos de profesores supervisan el proceso de compra y venta. Sin embargo, un reciente esfuerzo de reforma –la "Alianza por la calidad de la educación" (ACE)– suscrito por el gobierno y el sindicato nacional de profesores en mayo, basaría los nuevos nombramientos de los profesores en el mérito, mediante un examen administrado por un órgano independiente. No sorprende que este acuerdo haya generado una respuesta vociferante de la base. En muchos estados los profesores se han declarado en huelga, marchando hacia las oficinas del gobierno, cerrando escuelas y bloqueando calles.

El ministro de educación de Sierra Leona ordenó un ejercicio de verificación a escala nacional. Muchas escuelas y profesores actualmente registrados simplemente no existen. Según él: "Si se toma en cuenta los subsidios que pagamos por las escuelas no existentes, los profesores no existentes y la lista inflada de alumnos, es fácil suponer que el gobierno pierde decenas de miles de dólares cada mes". El ministro acusa a funcionarios de su propio ministerio de colusión con sus contrapartes en el Ministerio de Finanzas.

Aunque el período posconflicto terminó oficialmente en 2006, el Ministerio de Educación aún no es capaz de monitorear eficazmente los procesos de enseñanza-aprendizaje a nivel nacional. El sistema registra profesores que no existen físicamente, profesores que no enseñan ("profesores fantasma") y profesores que reciben salarios de varias escuelas. A mediados de 2006, el Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) envío dos expertos a la Dirección de Planificación del Ministerio de Educación en Freetown, la capital de Sierra Leona, para crear un Sistema de Información para la Gestión de la Educación (SIGE). Este artículo sintetiza los resultados de sus investigaciones.

Honduras invierte grandes sumas en la educación, pero los poderosos sindicatos de profesores y los nombramientos políticos minan las reformas en un sector vulnerable a la corrupción y que carece de supervisión de la sociedad civil. En el país hay unos 50.000 profesores; entre 2.500 y 2.600 tienen problemas pendientes en relación con sus puestos (tales como pagos irregulares por permisos o ausencias injustificadas mientras siguen en la planilla). Para que los planes de descentralización en curso  tengan un impacto positivo sobre los servicios de educación es necesario mejorar las competencias de los auditores locales, dar más participación a los padres de familia y los sindicatos deben adoptar códigos de conducta.

El Gobierno Federal puso en el índice a 232 personas a las que se ha prohibido participar en la organización de exámenes. Entre las personas afectadas hay directores de escuela, inspectores, supervisores y examinadores. Unas 324 escuelas secundarias han perdido su calidad de centros de exámenes públicos. El Estado se ha visto obligado a excluir a más de 50 escuelas.

El Ministerio de Educación organizó una campaña para instar a los padres de familia de las escuelas públicas y privadas a unirse con el gobierno para luchar contra la corrupción. El ministerio lanzó nuevos modelos para la educación preventiva contra el soborno y la corrupción (GCPETE), que se utilizarán en las escuelas públicas para integrar las lecciones de lucha contra el soborno y la corrupción en la educación en valores de la escuelas primarias.