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Una investigación en una escuela de la Ciudad de Baltimore encontró que los administradores tramaron para inflar las matrículas, presionaron a los maestros para cambiar calificaciones y programaron a los estudiantes en clases que no existían. Durante tres años, cerca de 100 estudiantes permanecieron en las listas, pero no asistieron a la escuela. La escuela operaba cursos vespertinos y de verano diseñados para que los estudiantes pudieran recuperar créditos, pero los cursos no cumplieron con los estándares. En algunos casos, profesores no cualificados fueron asignados a enseñar, y en otros casos, miembros del personal fueron nombrados profesores de una clase que nunca dieron.

Una demanda federal acusa a la ciudad de Nueva York y a otros miles de distritos escolares de estafar a estudiantes con necesidades especiales, al privarlos de terapias prácticas durante la pandemia. Según un portavoz del Departamento de Educación de NY, educadores de la ciudad obtuvieron el consentimiento de los padres de niños especiales, antes de cambiar a la enseñanza a distancia para terapias prácticas. Sin embargo, muchos padres no han recibido ningún tipo de servicio, ni siquiera servicios a distancia.

Una auditoria revela que “Indiana Virtual School” e “Indiana Virtual Pathways Academy”, recibieron indebidamente $68.7 millones en pagos del estado al confirmar inapropiadamente a estudiantes inscritos entre 2011 a 2019, a pesar de no tener actividad de curso en línea. Ambas escuelas operaron bajo una misma administración y declararon 7,200 estudiantes el año pasado. Sin embargo, cerraron el verano pasado después que funcionarios nacionales cortaran la financiación.

Un informe de 2019 muestra que no se reportaron $6.5 billones en regalos extranjeros a instituciones de los Estados Unidos. Para que las universidades rindan cuentas y asegurar que sus informes estén completos, exactos y transparentes, el Departamento de Educación hace cumplir la Sección 117 de la Educación Superior, la cual requiere que universidades reporten todos los regalos y contratos por un valor de $250,000 o más que involucren a fuentes extranjeras.

Datos de la Oficina de los Derechos Civiles del Departamento de Educación, muestran que, el 29 por ciento de los profesores se consideraron ausentes de manera crónica, faltando a clases por más de 10 días en 2015-2016. Esto es casi el doble del 15% de los estudiantes que están crónicamente ausentes. En consecuencia, un número de distritos escolares incluyeron medidas de ausentismo docente y estudiantil en sus sistemas de responsabilidad escolar.

El FBI anunció que la ex Secretaria de Educación, ha sido acusada de haber usado su puesto para dar a una compañía, 1,034 pies cuadrados que le pertenecían a una escuela, a cambio de beneficios financieros. Si se le encuentra culpable, podría enfrentar hasta 10 años de cárcel por conspiración y soborno y hasta 20 años por fraude electrónico.

El FBI arrestó al ex secretario de educación junto con otras cinco personas que participaron en una campaña de corrupción pública, de la cual se beneficiaron a costas de los ciudadanos y estudiantes puertorriqueños. El presunto fraude implicaba $15.5 millones de dinero federal, que se gastó entre 2017-2019. El secretario de educación se acusa de otorgar contratos a amigos, sin pasar por los procedimientos regulares.

El presidente de la Universidad Marítima del Caribe (CMU) junto con el Ministro de Educación están siendo investigados por asuntos de corrupción. Durante la pasada sesión del Comité de Apreciación y Administración Pública (PAAC), el presidente de la CMU admitió que se pagaron más de $600,000, para un yate de entretenimiento para el ministro de educación. Según los documentos, la Universidad basada en el este de Kingston, pagó a dos compañías un total de $674,930 para arrendar y decorar el yate.

Desde 2009, la educación y la salud han sufrido recortes y múltiples escándalos de corrupción. Durante la década pasada, gastos en la educación y cultura han bajado del presupuesto del gobierno central del 32.9% al 19.9%. Los estudiantes no tienen bibliotecas, no tienen clases de computación, y solicitudes para financiar y cambiar el techo de una escuela de primaria de San Pedro Sula, porque tenía asbestos, habían sido negadas por autoridades locales y centrales. «Los maestros y padres de familia reunieron $1,500, haciendo eventos para recaudar los fondos, y se pararon en los semáforos pidiendo dinero para poder pagar por las reparaciones», dijo una maestra de primaria.