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Los auditores estatales reportan fraude, malversación de fondos, activos y otras prácticas ilegales fiscales bajo el programa de bonos del Distrito Escolar Unificado de El Rancho. Entre mayo 2015 y febrero de 2019, los investigadores dicen que hubo dos problemas en la forma en que el distrito contrató a los contratistas: la Junta de Educación estaba demasiado involucrada y el público poco informado, y el proceso de contratación carecía de transparencia y estaba teñido de corrupción.

Las reformas imponen una evaluación centralizada del profesorado y buscan acabar con las prácticas corruptas en el sistema educativo. Dichas prácticas incluyen la compra-venta de puestos docentes. No obstante, los sindicatos declaran que las reformas podrían llevar a numerosos despidos y las críticas también sugieren que se podría estar allanado el camino para la privatización del sistema educativo de México.

Tres mujeres están siendo investigadas por haber pedido 80 mil pesos a cuatro personas con la promesa de que les conseguirían una plaza como maestros de nivel básico. Las acusadas aceptaron haber falsificado órdenes de comisión de trabajo desde hace varios años.

El director provincial de educación confirma que el director de una escuela nocturna al norte de Quito está siendo investigado por apropiación indebida de fondos y acoso sexual. El director, que llevaba trabajando en el centro 23 años, obligaba a sus estudiantes a adquirir los uniformes solo y exclusivamente del colegio y además le dio trabajo a dos parientes suyos aún cuando uno de ellos nunca llegó a impartir clases.

Los puestos de los profesores están a la venta en México y esto ha sido así durante decenios. Aunque raramente discutida, esta práctica –iniciada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para recompensar a las personas leales al partido– está aparentemente muy difundida. Se informa que el precio de un puesto de profesor en una escuela pública primaria se sitúa entre $5.000 y $12.000, dependiendo del lugar. Los profesores que renuncia pueden vender sus puestos o pasarlos a sus hijos. En algunos casos por lo menos, los gobiernos locales y los sindicatos de profesores supervisan el proceso de compra y venta. Sin embargo, un reciente esfuerzo de reforma –la "Alianza por la calidad de la educación" (ACE)– suscrito por el gobierno y el sindicato nacional de profesores en mayo, basaría los nuevos nombramientos de los profesores en el mérito, mediante un examen administrado por un órgano independiente. No sorprende que este acuerdo haya generado una respuesta vociferante de la base. En muchos estados los profesores se han declarado en huelga, marchando hacia las oficinas del gobierno, cerrando escuelas y bloqueando calles.