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El Ministerio de Educación de Trinidad y Tobago ha delineado su plan de transformación digital para el período 2022-2027. Este plan consta de 13 proyectos digitales, entre ellos: E-testing (prueba electrónica), un sistema de gestión de estudiantes y tarjetas de identificación de respuesta rápida para estudiantes. Según el Ministro de Educación, "los beneficios de este programa son de gran alcance y tendrán un impacto positivo en áreas como la gestión de registros, la gestión de la infraestructura escolar, la implementación del currículum, el desarrollo docente y la realización de exámenes".

El Departamento de Justicia informa que dos funcionarios de educación han sido condenados a prisión tras declararse culpables de realizar inscripciones de manera fraudulenta en escuelas virtuales y luego reclamar para sí el dinero de los fondos públicos. Los distritos recibían pagos del Fondo Fiduciario para la Educación de Alabama como si los estudiantes asistieran a escuelas públicas, mientras que los acusados se apropiaban del dinero estatal en forma indebida mediante pagos directos en efectivo y pagos a terceros contratistas, cuyos dueños resultaron ser cómplices.

Un profesor de la Universidad de Chapman ha demandado a un grupo de estudiantes que publicaron dos de sus exámenes en un sitio web de intercambio de documentos, para solicitar por adelantado respuestas a varias preguntas de redacción. Según la demanda civil presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU., el profesor solicita una indemnización por daños y perjuicios por infracción de los derechos de autor y por violación ética del código de honor de Chapman. Los ensayos contenían una advertencia que estaban protegidos por derechos de autor.

Una investigación en una escuela de la Ciudad de Baltimore encontró que los administradores tramaron para inflar las matrículas, presionaron a los maestros para cambiar calificaciones y programaron a los estudiantes en clases que no existían. Durante tres años, cerca de 100 estudiantes permanecieron en las listas, pero no asistieron a la escuela. La escuela operaba cursos vespertinos y de verano diseñados para que los estudiantes pudieran recuperar créditos, pero los cursos no cumplieron con los estándares. En algunos casos, profesores no cualificados fueron asignados a enseñar, y en otros casos, miembros del personal fueron nombrados profesores de una clase que nunca dieron.

Los auditores estatales reportan fraude, malversación de fondos, activos y otras prácticas ilegales fiscales bajo el programa de bonos del Distrito Escolar Unificado de El Rancho. Entre mayo 2015 y febrero de 2019, los investigadores dicen que hubo dos problemas en la forma en que el distrito contrató a los contratistas: la Junta de Educación estaba demasiado involucrada y el público poco informado, y el proceso de contratación carecía de transparencia y estaba teñido de corrupción.

Dos profesores fueron acusados por utilizar su negocio de preparación de exámenes para ayudar a la gente a hacer trampa en los exámenes de certificación de maestros del estado. Las acusaciones incluyen 108 cargos de fraude electrónico y tres cargos de robo de secretos comerciales. Según la Fiscalía, la pareja tomó varias veces los exámenes de Liderazgo Educativo y los exámenes de certificación de profesores de Florida, junto con otros empleados memorizaron las preguntas y respuestas con el fin de diseñar una guía de estudio.

El fundador y director de la escuela “St. Louis College Prep Charter” se declaró culpable de tres cargos de fraude electrónico relacionados al plan de estafar y obtener fondos de educación del estado de Missouri. De 2011 a 2018, infló las cifras de asistencia de los estudiantes al reclamar falsamente días y horas regulares como escuela de verano y horas de recuperación, desviando $2,400,000 de una fuente infinita de dólares para la educación.

El Ministerio de Educación informa que está prohibido cualquier tipo de contribución económica por parte de los padres de familia, para la adecuación de fachadas de aulas u otros gastos por la finalización del año escolar; conforme lo establecen la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y los lineamientos Gubernamentales sobre medidas de previsión, contención, estabilidad emocional y económica de la comunidad educativa. Esta cartera de Estado garantiza el derecho a la gratuidad de la educación, realiza el seguimiento a las irregularidades y aplica correctivos a los infractores.