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Los portavoces de las Asociaciones Nacionales de Alimentación Escolar de Ghana pidieron al presidente y al Ministerio de Educación que investiguen a los funcionarios corruptos, que explotan el sistema para sus beneficios personales. Durante el año académico 2019/2020, el Programa Nacional de Alimentación Escolar de Ghana pagó 12.9 millones de dólares ghaneses a individos que se beneficiaron de 511 escuelas fantasmas de todo el país que no estaban incluidas en el programa de alimentación escolar.

La Universidad de Energía y Recursos Naturales de Ghana y la Universidad de Ruanda han sido las únicas universidades proporcionando informes que incluyen información como la estructura de la universidad, número y calificaciones de personal académico y auxiliar, número total de matrículas, y número de graduados. Estos informes son un ejemplo a seguir por las universidades y un medio para fomentar la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas, entre los profesores, personal, estudiantes y comunidades.

Tras la aplicación de la Ley de Organismos Reguladores de la Educación de 2020 (Ley 1023), cualquier institución de enseñanza superior en Ghana, que anuncie o imparta un programa que no está acreditado, se enfrentará a sanciones que incluyen multas de 240,000 GHS (US$41,400). Otra posibilidad es que el vicerrector o el rector de la institución sea encarcelado hasta por 20 años, aunque ambas sanciones pudieran aplicarse.

En Ghana, es común encontrar a periodistas, profesores universitarios, funcionarios gubernamentales plagiando el trabajo de otros. Recientemente, un profesor de alto nivel de la Universidad de Estudios Profesionales, quien también es director del Departamento de Banca y Finanzas, plagió una entrada de Facebook y la envió al Daily Graphic, que lo publicó tanto en línea como en forma impresa. Cuando el profesor fue descubierto, negó la ofensa hasta que el autor del contenido encontró suficientes pruebas en contra de él. Las autoridades universitarias nunca investigaron el caso.

Según el Director de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa (CHRAJ), el papel que juegan los estudiantes de educación superior en la implementación efectiva de leyes de anticorrupción; es crucial. Durante un simposio organizado por la Comisión Nacional de Educación Cívica, se hizo un llamado a los estudiantes para participar en la lucha contra la corrupción y fomentar en el país la buena gobernanza, estado de derecho, rendición de cuentas y la transparencia.

El miércoles, la Comisión Nacional para Educación Cívica (NCCE) hizo un llamado a una importante transformación hacia la lucha contra la corrupción, diciendo que la soga alrededor de la corrupción debe de apretarse a través de acciones prácticas. “De modo que, la Comisión está aumentando la lucha contra la corrupción por medio de una incesante intensiva educación pública y cívica para cambiar nuestra actitud, inyectar responsabilidad personal y pública en todo el país para ayudar a promover buena gobernanza.