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La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción (PCCB) y la Autoridad de Control y Aplicación de Drogas (DCEA) se unieron recientemente para combatir la corrupción y el consumo de drogas en las instituciones educativas. Firmaron en Dodoma un pacto titulado "Eliminar la corrupción y las drogas ilícitas en las escuelas e instituciones de aprendizaje superior". El memorando se centra en el intercambio de información para prevenir estos vicios y tiene por objeto desalentar la participación de los jóvenes en la corrupción y el uso indebido de drogas. La PCCB ha creado 7.000 clubes anticorrupción en escuelas e instituciones de enseñanza superior del país.

En los últimos dos años, han faltado 100,000 alumnos de las listas de escolarización. El Gobierno ha anunciado que se introducirá un registro nacional para evaluar cuántos alumnos no asisten a la escuela en todo el país. El Libro Blanco sobre las escuelas anunció que se introducirían leyes para modernizar el registro de asistencia, con una "solución nacional de datos" utilizada para hacer un seguimiento de la asistencia y proporcionar una "red de seguridad" para los alumnos vulnerables en riesgo de desaparecer de las listas escolares.

Una investigación en una escuela de la Ciudad de Baltimore encontró que los administradores tramaron para inflar las matrículas, presionaron a los maestros para cambiar calificaciones y programaron a los estudiantes en clases que no existían. Durante tres años, cerca de 100 estudiantes permanecieron en las listas, pero no asistieron a la escuela. La escuela operaba cursos vespertinos y de verano diseñados para que los estudiantes pudieran recuperar créditos, pero los cursos no cumplieron con los estándares. En algunos casos, profesores no cualificados fueron asignados a enseñar, y en otros casos, miembros del personal fueron nombrados profesores de una clase que nunca dieron.

Dos profesores fueron acusados por utilizar su negocio de preparación de exámenes para ayudar a la gente a hacer trampa en los exámenes de certificación de maestros del estado. Las acusaciones incluyen 108 cargos de fraude electrónico y tres cargos de robo de secretos comerciales. Según la Fiscalía, la pareja tomó varias veces los exámenes de Liderazgo Educativo y los exámenes de certificación de profesores de Florida, junto con otros empleados memorizaron las preguntas y respuestas con el fin de diseñar una guía de estudio.

Una auditoria revela que “Indiana Virtual School” e “Indiana Virtual Pathways Academy”, recibieron indebidamente $68.7 millones en pagos del estado al confirmar inapropiadamente a estudiantes inscritos entre 2011 a 2019, a pesar de no tener actividad de curso en línea. Ambas escuelas operaron bajo una misma administración y declararon 7,200 estudiantes el año pasado. Sin embargo, cerraron el verano pasado después que funcionarios nacionales cortaran la financiación.

Catedráticos en universidades, así como maestros en escuelas privadas y públicas que se encuentren culpables de abusar estudiantes corren el riesgo de que sus títulos y diplomas sean cancelados por el gobierno. Esto con el objetivo de frenar el creciente abuso, especialmente de estudiantes femeninas. El Vice-Ministro de Educación Superior y Terciaria, Ciencias y Tecnología dijo que había una necesidad urgente de frenar el surgimiento de abuso sexual de estudiantes en escuelas y universidades. Castigos como prisión o expulsión del trabajo no eran suficientes, ya que los infractores siempre terminaban enseñando en otros lugares usando sus diplomas y títulos.