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La directora de Zimbabwe Women Against Corruption Trust instó al gobierno a mejorar las condiciones de trabajo y la remuneración de los docentes y a investigar la cuestión de las clases adicionales. Los docentes de las escuelas públicas piden dinero a los alumnos por las clases adicionales, lo que fomenta la discriminación contra otros alumnos. Los que no pueden pagar se ven privados de la igualdad de acceso a una educación de calidad.

La organización Ghana Integrity Initiative ha pedido que se elimine el sistema de listas de protocolo en las escuelas secundarias, en el marco del Sistema Informatizado de Selección y Colocación Escolar. Un nuevo documental titulado "School Placement for sale" muestra a padres, tutores y funcionarios encargados de la colocación haciendo presuntos "tratos" para conseguir plazas para los estudiantes. Algunos padres pagaron 20.000 GHS para que sus hijos fueran colocados en escuelas, mientras que otros pagaron 8.500 GHS por escuelas preferentes.

La Campaña Corrupción Cero (ZCC), una organización de la sociedad civil que se centra en la promoción de la integridad, la responsabilidad y la transparencia en los servicios de las instituciones del sector público, ha advertido a las autoridades escolares del país que dejen de recaudar dinero en concepto de cuotas adicionales para los estudiantes que cursen sus estudios en 2022/2023. El ZCC dijo que tales prácticas equivalen a corrupción y a un intento deliberado de socavar la educación escolar gratuita de calidad.

El director de la Agencia Puerta del Futuro fue condenado a siete años de prisión y a una multa de 7 millones de dinares (unos 50,000 dólares), después que 75 estudiantes argelinos que querían matricularse en universidades extranjeras, incluidas las de Ucrania, Turquía y Rusia, fueran víctimas de un fraude. Aunque pagaron a la Agencia grandes sumas de dinero, las condiciones de alojamiento eran pésimas y sus solicitudes universitarias, falsas. Dos de sus ayudantes y tres influencers, procesados en el mismo caso, fueron condenados a un año de prisión y a una multa de 100,000 dinares (unos 700 dólares) cada uno.

El Ministerio de Educación ha anunciado que las cuotas complementarias en las escuelas para los guardias de seguridad son totalmente voluntarias. Y, las escuelas que impidan que los niños asistan a clase porque sus padres no han efectuado dichos pagos, serán sancionadas por la Ley. El MoE también denunció escándalos de corrupción en la provincia sureña de Inhambane, como la venta de certificados falsos o el cobro de 780 dólares para alterar las notas de los exámenes para el ingreso al Centro de Formación de Profesores.

El fraude en los exámenes sigue siendo el mayor reto para la Junta de Admisiones y Matrículas (JAMB), especialmente entre los padres de familia que constantemente piden que sus hijos reciban tratos especiales, sin importar si cumplen con los requisitos. JAMB también está luchando contra la corrupción en instituciones de educación superior que aceptan a estudiantes al margen de los lineamientos del Ministerio de Educación.

Tras la aplicación de la Ley de Organismos Reguladores de la Educación de 2020 (Ley 1023), cualquier institución de enseñanza superior en Ghana, que anuncie o imparta un programa que no está acreditado, se enfrentará a sanciones que incluyen multas de 240,000 GHS (US$41,400). Otra posibilidad es que el vicerrector o el rector de la institución sea encarcelado hasta por 20 años, aunque ambas sanciones pudieran aplicarse.

Los informes muestran que los criminales se aprovechan de los pagos en efectivo realizados por estudiantes de Africa Occidental para pagar matrículas y otros servicios en universidades del Reino Unido. Las universidades privadas y campus extranjeros transfronterizos en Africa, son usadas como inversión y para integrar las ganancias del crimen en la economía legítima. Cuando se paga más de una matrícula, solicitan a la Universidad que devuelva el sobrepago a la cuenta de un tercero, ya sea a la cuenta bancaria del distribuidor de drogas o de un funcionario sobornado.